DESPOJAN A COMUNIDADES Q’EQCHI’

El martes 19 de febrero, de manera violenta fue desalojada la comunidad Monte Verde en la franja Sarstoon, en Livingston, Izabal. La comunidad está asentada desde hace decenas de años en tierras comunitarias, sin embargo vienen teniendo conflicto con una finca vecina que ha querido abarcarlos dentro de la propiedad privada, este caso se ha llevado a diálogos con autoridades del Estado y el finquero, una de las conclusiones a la que se ha llegado es la remedición de la finca, pero el finquero nunca lo asumió incluso él se negó a asistir  las reuniones de dialogo. Ante esto, consideramos que es totalmente injusto e ilegal que nos estén sacando de nuestras tierras, en estos momentos cuando la Compañía Petrolera del Atlántico se está instalando en esta franja, cuando las empresas ambientalistas como FUNDAECO se están adueñando de nuestras tierras en nombre de las áreas protegidas, y cuando CONAP está amenazando a cada una de las comunidades diciendo que tendrán demanda judicial por estar en áreas protegidas.

Durante el desalojo la policía capturó a 4 de la comunidad:  Abelino Ical Caal, Pedro Moo Pop, Marcos Moo Coc y Eduardo Ico Coc.  A eso del mediodía se llevaron a los compañeros detenidos para Puerto Barrios, pero el juez encargado los mandó de regreso a Livingston porque no tenían cargos en su contra. En Livingston, el juez manifestó además que no tenía conocimiento de órdenes de captura, sino solamente de la ejecución de un desalojo, los policías dijeron que el Ministerio Público todavía estaba elaborando los cargos que se les imputaría a los compañeros detenidos.
Horas más tarde, a la entrada de la noche, nos dijeron que los cargos imputados eran usurpación en áreas protegidas y contra el patrimonio cultural de la nación. Ello nos alertó que la orden de desalojo no venía de parte de finqueros en la región, sino probablemente del mismo CONAP o de FUNDAECO en contubernio con empresas petroleras trasnacionales y finqueros. 
 
Hechos recientes nos alertan de un posible nuevo ciclo de agresión abierta en contra de las comunidades q’eqchi’. Por ejemplo, el pasado 18 de enero de este año, por la mañana, una lancha de kaibiles recorrió el territorio, hostigando a dos pescadores e interrogándoles sobre actividades comunitarias. Cuando se retiraban, un kaibil dijo en voz alta: “regresaremos con más efectivos para matar a esos indios”. Como solemos hacer en estos casos, hicimos gestiones para averiguar qué estaba sucediendo, y un encargado de la oficina de asuntos de tierras de la municipalidad dijo que en la finca de los Herrarte habían “invasiones” de tierras y que incluso ya había órdenes de captura. Esta información nos sorprendió bastante ya que en dicha región no existe ninguna “invasión”, puesto que todas las comunidades llevamos varias décadas de vivir aquí. Después del 18 siguió llegando la lancha de kaibiles pero no entendíamos qué era lo que estaba pasando, y ahora mismos están llegando más policías, en el pueblo observamos hombres armados vestidos de civil, algo que no es común en este pueblo. 
 
En el desalojo participaron 150 policías, desplegados en cinco lanchas, que al llegar a la comunidades procedieron con violencia en contra de la población, pues con violencia entraron a las casas de nuestros compañeros para capturarlos, se robaron instrumentos de trabajo, gallinas, chompipes, ropa y todo lo que pudieron y luego destruyeron las casas con motosierras. ¿Acaso no es esto un robo agravado por parte de los policías?, ¿por qué los policías pueden proceder con tal uso de la fuerza y con tal cuota de impunidad?
 
Estos hechos evidencian vicios en el proceso tanto de desalojo como de detención de nuestros compañeros y nos alertan sobre posible provocación por parte de CONAP y de las autoridades judiciales. Pensamos que querían que, cansados una vez más de injusticias cometidas en contra de nuestras comunidades, actuáramos para liberar a nuestros compañeros detenidos en Livingston, y con ello dar lugar para justificar más órdenes de captura contra la población q’eqchi’ organizada, e incluso para justificar una intervención militar en la región, quizás con el ánimo de cometer nuevas masacres como la que sucedió en septiembre del año pasado contra la población k’iche’ de los 48 cantones de Totonicapán. Con ello hubieran cumplido lo que dijo el oficial kaibil hace un mes, de que regresarían para “matar a indios”.
 
Ante este tipo de situaciones, nuestra experiencia nos demanda proceder con cautela. A cinco años en que el Estado secuestró a nuestro compañero Ramiro Choc, mediante un proceso judicial completamente viciado, y que ejecutó extrajudicialmente a Mario Caal Bolom durante la incursión que el ejército hiciera en la comunidad Puntarenas, nuevamente se están usando las mismas tácticas de difamación en contra nuestra y de un manejo arbitrario de las leyes a favor de las empresas nacionales y transnacionales. A tres años del asesinato de nuestros cuatro compañeros de la comunidad Quebrada Seca, tres de ellos estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, hasta la fecha no han capturado a los responsables a pesar de todas las pruebas aportadas.
 
Frente a estas cosas preguntamos: ¿por qué dicen que hay “invasión” de tierras?, ¿por qué están capturando a comunitarios sin que haya acusaciones en su contra?, ¿por qué el despojo de tierras, los encarcelamientos ilegales, el robo de nuestros más elementales instrumentos y otras cosas familiares y comunitarias?
 
A usted, Otto Pérez Molina, ¿qué haría si en estos momentos  llegara un grupo a saquear su casa y quitarle su terreno?, ¿se quedaría con los brazos cruzados?, y a ustedes señores e instituciones que están haciendo negocio con el discurso del ambiente y están vendiendo los recursos naturales que a nosotros nos ha costado proteger, ¿les parece que entremos en sus casas a robarles todo lo que tienen y sacarlos de sus tierras y de sus fincas? Finalmente, ¿en dónde quedan nuestros derechos ciudadanos y nuestros derechos históricos y colectivos?, ¿en dónde queda el respeto a los derechos humanos que habla el gobierno?
 
Por todo eso,
 
DENUNCIAMOS,
 
ANTE LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL,
 
QUE EMPRESAS TRANSNACIONALES Y NACIONALES COMO LA COMPAÑÍA PETROLERA DEL ATLÁNTICO Y FUNDAECO, EN ALIANZA CON EL ESTADO DE GUATEMALA POR MEDIO DE CONAP Y LOS FINQUEROS DE LA REGIÓN DE LIVINGSTON, LO QUE ESTÁN BUSCANDO CON ESTOS HECHOS ES JUSTIFICAR NUEVAS ACCIONES DE AGRESIÓN Y REPRESIÓN EN CONTRA DE COMUNIDADES Q’EQCHI’,CON EL FIN DE DESPLAZARNOS O INCLUSO MATARNOS HASTA QUEDARSE CON NUESTRAS TIERRAS, Y ASÍ CON NUESTRAS RIQUEZAS NATURALES.
 
 
Ante todo lo anterior,
 
Exigimos la liberación de nuestros compañeros de la comunidad Monte Verde secuestrados por la policía nacional el día de ayer y la liberación del compañero Ramiro Choc.
 
Exigimos el respeto a nuestras tierras, tierras de pueblos indígenas.
 
Exigimos a CONAP, FUNDAECO y la Compañía Petrolera del Atlántico su retiro inmediato de nuestras tierras.
 
A las autoridades correspondientes, exigimos el pronto esclarecimiento y justicia por la muerte de Mario Caal Bolom, Alberto Coc Caal, Catarina Mucú Maas y Sebastián Xuc Pan.
 
A la comunidad internacional, tomar en cuenta estas denuncias y darle todo el seguimiento necesario.
 
 
 
COMUNIDADES DE LIVINGSTON
 
Comunidades invadidas por áreas protegidas.
Comunidades invadidas por fincas.
Comunidades invadidas por Compañía Petrolera del Atlántico.
Encuentro Campesino