CARTA ABIERTA AL SECRETARIO DE ESTADO JOHN KERRY

Carta Abierta al Secretario de Estado John Kerry en referencia al Asesinato de la Activista Indígena y Ambientalista Hondureña Berta Cáceres el 10 de marzo, 2016

Excelentísimo Señor Secretario de Estado John Kerry:

Escribimos esta carta sobrecogidos por el estupor y una profunda pena por el asesinato de la defensora de los derechos humanos y ambientalista hondureña Berta Cáceres, fundadora y secretaria general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Invocamos una respuesta por parte del Departamento de Estado que no sea reflejo de las dinámicas políticas convencionales, sino que constituya un profundo cambio de dirección con vistas a mejorar la abismal situación de los derechos humanos en Honduras.

Berta Cáceres, galardonada en 2015 con el prestigioso Premio Goldman del Medio Ambiente, fue una visionaria líder de los derechos indígenas y ambientales. Ella encabezó esfuerzos para proteger a los pueblos indígenas contra proyectos de desarrollo de gran escala que están siendo impulsados en Honduras sin consultar con las comunidades y sin preocuparse por el medio ambiente. Ella organizó a comunidades en Honduras y en todo el mundo contra la extracción de recursos naturales sin contar con el consentimiento respectivo, y para la defensa del Río Gualcarque, un espacio sagrado del pueblo lenca y una fuente esencial de agua, oponiéndose a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca. Berta Cáceres fue una líder muy querida de los diversos movimientos sociales en su país. Miembros de la sociedad civil hondureña –al igual que muchos en la comunidad internacional— se unen en el dolor y la indignación por su muerte.

Berta Cáceres fue asesinada el 3 de marzo de 2016 por hombres armados que irrumpieron en su casa en La Esperanza, departamento de Intibucá, Honduras. El ambientalista y periodista mexicano Gustavo Castro Soto, de Otros Mundos Chiapas/Amigos de la Tierra México y del Movimiento Mesoamericano contra la Minería Extractiva, también resultó herido en el ataque. Invocamos que se permita al Sr. Castro retornar inmediatamente a su país de manera segura.

En el curso de su trabajo, Berta Cáceres sufrió constantes amenazas de muerte contra ella y contra su familia, amenazas de violencia y agresión sexual, ataques y acoso. Debido a su trabajo, también fue objeto de continuo acoso legal por parte de autoridades judiciales, y de intimidación por parte de las fuerzas de seguridad y de funcionarios del gobierno local. Durante los seis meses precedentes a su asesinato, según el COPINH, las amenazas escalaron e incluyeron disparos contra su auto y amenazas verbales y mensajes, por parte de miembros de las fuerzas armadas, la policía, autoridades locales y representantes de la compañía hidroeléctrica.

La señora Cáceres obtuvo medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

(CIDH) desde 2009 pero nunca recibió la protección plena que requería. Nos escandalizan las declaraciones del Ministro de Seguridad Julián Pacheco, quien efectivamente culpa a Cáceres por el incumplimiento del gobierno hondureño de su obligación de protegerla. Ella es una de los 15 defensores de los derechos humanos que han sido asesinados en Honduras mientras se encontraban resguardados por medidas cautelares de la CIDH, tal como lo ha reportado el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH). El 5 de marzo de 2016, la CIDH otorgó medidas cautelares para el COPINH, la familia de Berta Cáceres y Gustavo Castro Soto, dado el riesgo para su seguridad.

La muerte de Berta Cáceres confirma lo que un informe elaborado en 2015 por Global Witness ha mostrado: Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para los activistas ambientales. Al

menos 109 activistas ambientales fueron asesinados entre 2010 y 2015. Desde el golpe de Estado de 2009, Honduras se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para los defensores de los derechos humanos de cualquier tipo. Líderes indígenas y garifunas, activistas LGBTI, sindicalistas, activistas por los derechos de las mujeres, activistas por los derechos humanos, operadores de justicia, y periodistas que informan sobre temas de derechos humanos y corrupción, al igual que los activistas ambientalistas, se encuentran en riesgo. El asesinato de Berta Cáceres envía un devastador mensaje a todos los hondureños que tratan de ejercer sus derechos.

Le urgimos a dar los siguientes pasos:

 Respaldar una investigación internacional independiente, conducida por la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos sobre el asesinato de la señora Cáceres, y a urgir a que el gobierno hondureño acoja tal investigación y coopere plenamente con ella. Una investigación independiente de este tipo es esencial dada la falta de confianza en el sistema judicial, la impunidad imperante que incluye a casos que involucran a defensores de los derechos humanos, y la naturaleza emblemática de este caso.

 Insistir en que las autoridades judiciales hondureñas lleven a cabo su deber de investigar de manera efectiva y oportuna el asesinato de Cáceres, en cooperación con la investigación internacional, y siguiendo líneas de indagación que tomen en cuenta el contexto del trabajo y la situación de riesgo de Cáceres; y que persigan a los autores tanto intelectuales como materiales del hecho, garantizando el debido proceso y el acceso a la justicia.

 Presionar al gobierno hondureño para que cumpla con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH el

5 de marzo, y a proporcionar protección inmediata, efectiva y cuidadosamente consultada a los miembros del COPINH, a los familiares de la señora Cáceres, al Sr. Castro y a todos los testigos del caso.

Ante esta trágica pérdida, nos unimos para invocar un cambio más sistémico. Pedimos al Departamento de Estado que aclare al gobierno hondureño que una alianza y financiamiento futuros dependen de la demostración de la voluntad política para investigar y procesar judicialmente este delito y todos los delitos contra defensores de los derechos humanos. El gobierno hondureño debe poner plenamente en operación y financiar adecuadamente el mecanismo de protección de defensores de los derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, con medidas de protección consultadas con los beneficiarios. El gobierno hondureño debe garantizar la libertad de expresión, incluyendo la terminación de la severa y constante represión de las protestas sociales, asegurar el fin inmediato de intimidantes declaraciones públicas por parte de funcionarios del gobierno, así como de miembros de las fuerzas armadas y la policía, que ponen en riesgo a defensores de los derechos humanos y periodistas, y acabar con el engañoso procesamiento judicial contra defensores de los derechos humanos.

Es de capital importancia que el gobierno hondureño cumpla, tal como la CIDH ha señalado, con su “obligación de llevar a cabo una consulta previa, libre e informada de las poblaciones indígenas respecto a los proyectos en marcha en sus tierras y territorios, y que afectan sus recursos naturales”. Respaldamos la invocación del Senador Patrick Leahy de abandonar el proyecto de represa Agua Zarca y proteger el territorio a cuya defensa Berta dedicó su vida. El gobierno hondureño debe reconocer que el ritmo y el proceso con que viene facilitando la extracción y comercialización de recursos naturales por parte de inversionistas nacionales e internacionales, están contribuyendo al conflicto social y a violaciones a los derechos humanos.

Pedimos al gobierno de los EE.UU. que:

 Exhorte al gobierno hondureño a cumplir con su obligación de asegurar el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas, y de mejorar en mayor medida la transparencia en relación a concesiones actuales y propuestas de recursos naturales. Ello debe incluir poner en conocimiento del público información sobre los proyectos de las casi 50 concesiones de energía hidroeléctrica otorgadas desde inicios de 2010.

 Garantizar que ningún tipo de asistencia y apoyo de los EE.UU. para proyectos de bancos multilaterales promuevan o permitan proyectos de desarrollo que incumplan la obligación de asegurar consentimiento previo, libre e informado de comunidades indígenas; y confirmar que aseguren una significativa consulta de todas las comunidades afectadas, y velar por la vigencia de salvaguardas robustas para los derechos humanos, derechos laborales y protecciones ambientales.

Finalmente, urgimos al Departamento de Estado a suspender toda asistencia y capacitación para las fuerzas de seguridad hondureñas, con excepción de la asistencia policial en cuanto a investigación y análisis forense, mientras permanezcan impunes los asesinatos de Berta Cáceres y de veintenas de otros activistas hondureños. Adicionalmente, urgimos al Departamento de Estado a implementar de manera transparente y cabal las condiciones de la Ley de Operaciones en el Extranjero correspondiente al año fiscal 2016, la cual vincula el 50 por ciento de la asistencia al gobierno central de Honduras a avances en la resolución de abusos a los derechos humanos y la corrupción.

El gobierno de los EE.UU. debe ponerse del lado de quienes ponen sus vidas en juego para proteger los derechos humanos y el medio ambiente en Honduras.

Firmantes:

Accountability Counsel

ActionAid USA

Alabama Center for Rural Enterprise

Alabama Coalition for Immigrant Justice (ACIJ)

Alianza Americas

Alliance Against Mining – Philippines (Alyansa Tigil Mina)

Alliance for Global Justice (AfGJ)

Alliance for Justice

Amazon Watch

AMERICA PARA TODOS

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO)

American Friends Service Committee (AFSC)

American Jewish World Service (AJWS)

Amigos de la Tierra España

ART NOT WAR

Azul

Baurkot & Baurkot

Beautiful Trouble

Beautiful Rising

Beyond Extreme Energy

Brooklyn For Peace

Casa de Maryland

Catholics in Alliance for the Common Good

Center for Biological Diversity

Center for Earth Ethics at Union Theological Seminary

Center for Human Rights and Environment

Center for International Environmental Law (CIEL)

Center for Justice and Accountability (CJA)

Center for Justice and International Law (CEJIL)

Center for Women’s Global Leadership, Rutgers University

Center of Concern

Center on Conscience & War, Washington DC

Central American Resource Center (CRECEN)

Central American Resource Center (CARECEN), Washington DC, Los Angeles, and San Francisco

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)

Centro de Estudios para la Justicia Social TIERRA DIGNA, Colombia

Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN)

Christian Church (Disciples of Christ), Refugee and Immigration Ministries

Church World Service

Climate Parents

Coalition of Black Trade Unionists (CBTU)

CODEPINK

Colombia Support Network

Columban Center for Advocacy and Outreach

Columbia Divest for Climate Justice

Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES)

Committee for Human Rights in Latin America (CDHAL), Montreal, Canada

Committee on U.S.-Latin American Relations, Cornell University

Communications Workers of America (CWA)

Community Alliance for Global Justice (CAGJ)

Community Justice Project, Inc. of Miami, FL

Conference of Major Superiors of Men

Corporate Accountability International

The Cross Border Network for Justice & Solidarity, Kansas City, Missouri

Denver Justice & Peace Committee

Disciples Justice Action Network

Divest Middlebury

Dominican Friars, Irving, TEXAS

Donella Meadows Institute

Due Process of Law Foundation

EcoEquity

EarthAction International

Earth Day Network

Earthjustice

Environmental Defender Law Center (EDLC)

Environmental Defenders Project, USA

Environmental Investigation Agency (EIA)

Environmental Rights Action/Friends of the Earth Nigeria

Evangelical Lutheran Church in America (ELCA)

Faith in Public Life

Family Farm Defenders

Farmworker Association of Florida

The Fellowship of Reconciliation

FERN

Florida Immigrant Coalition

France Amérique Latine/Francia América Latina

Franciscan Action Network

Friends Committee on National Legislation

Friends of the Earth-United States

Friends of Miami-Dade Detainees

Food First

Food Voices

Fund for Democratic Communities, Greensboro, NC

Georgia Detention Watch

Global Alliance for the Rights of Nature

Global Campaign for Peace Education

Global Ministries of the Christian Church (Disciples of Christ) and United Church of Christ Global Witness

Goldman Environmental Foundation

Grassroots Global Justice Alliance

Grassroots International

Green America

Green Cross International

GreenLatinos

Greenpeace USA

GreenWood

Grupo Belga ‘Solidair met Guatemala’

Guatemala Human Rights Commission (GHRC)

The Guatemalan-Maya Center

Gulf Coast Center for Law & Policy

Honduran Conservation Coalition

Honduras Accompaniment Project

Hondurasdelegation, Germany

Honor the Earth

Hope Community Center

IBIS

Ignatian Solidarity Network

Indigenous Environmental Network

The Ingrid Washinawatok Flying Eagle Woman Fund for Peace, Justice and Sovereignty

Institute for Agriculture and Trade Policy

Institute for Justice & Democracy in Haiti

Institute for Policy Studies, Climate Policy Program, Global Economy Project and New Economy Maryland Project

Interamerican Association for Environmental Defense (AIDA)

Interfaith Coalition on Immigration, MN

Interfaith Power & Light

International Federation of Settlements

International Forum on Globalization

International Institute on Peace Education

International Labor Rights Forum (ILRF)

International Platform against Impunity

International Rivers

International Trade Union Confederation (ITUC)

International Union, United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of America (UAW) JA!FOE Moçambique

JASS (Just Associates)

Jesuit Conference of Canada and the United States

Jesuit Social Research Institute/Loyola University New Orleans

Just Foreign Policy

KyotoUSA

La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), Mexico

Labor Council for Latin American Advancement, AFL-CIO (LCLAA)

Latin America Solidarity Committee-Milwaukee

Latin America Task Force of Interfaith Council for Peace & Justice – Ann Arbor, Michigan

Latin America Working Group (LAWG)

Leadership Conference of Women Religious

LEPOCO Peace Center, Bethlehem, PA

Liberty Tree Foundation for the Democratic Revolution

Medical Mission Sisters

Mennonite Central Committee U.S. Washington Office

Missionary Oblates of Mary Immaculate-U.S Province (OMI)

Movement Generation: Justice and Ecology Project

Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4

MN350

Mundo Maya Foundation

National Advocacy Center of the Sisters of the Good Shepherd

National Family Farm Coalition

National Immigration Law Center

The National Religious Campaign Against Torture

Nicaragua Network

Nicaragua-US Friendship Office of the Americas

NOAH Friends of the Earth-Denmark

Nonviolence International

Nuclear Information and Resource Service

The Oakland Institute

Oil Change International

Other Worlds

Oxfam America

Pax Christi International

Pax Christi USA

Peace Action

Peace Action Montgomery

Peace Brigades International (PBI)

Peace Development Fund, Amherst, MA and San Francisco, CA

Peace Education Initiative, The University of Toledo

Pesticide Action Network North America

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional)

Presbyterian Church (USA)

Presbyterian Peace Fellowship

Progressive Congress

Project South

Public Citizen

Public Services International

Radios Populares, Chicago IL

Rainforest Action Network

Red Europea de Comites Oscar Romero

Red Mexicana de Lideres y Organizaciones Migrantes

Rights Action (USA)

Robert F. Kennedy Human Rights

RootsAction.org

The Rural Coalition

Sansristi India

The Second Chance Foundation

SEIU Florida Public Services Union

Servicios Internacionales Cristianos de Solidaridad con los Pueblos de America Latina — Oscar Romero (SICSAL) Sierra Club

Sister Parish, Inc.

Sisters of Mercy, Institute Justice Team

Sisters of Notre Dame de Namur Justice and Peace Office

Sojourners

The Solidarity Center

SomeOfUs

SOMO (Centre for Research on Multinational Corporations), Netherlands Soulardarity

Southeast Immigrant Rights Network (SEIRN)

South Florida Interfaith Worker Justice

Student Power Networks

SustainUS

Syracuse Peace Council

Tamales y Bicicletas

Task Force on the Americas

Trade Union Confederation of the Americas (TUCA)

Tri-Valley CAREs (Communities Against a Radioactive Environment) Trócaire

Unión de Afectados por Texaco, Ecuador (UDAPT)

Unitarian Universalist Service Committee (UUSC)

United Auto Workers Union (UAW)

United Church of Christ, Justice and Witness Ministries

The United Methodist Church – General Board of Church and Society

UPROSE

Voces de la Frontera

Washington Defender Association Immigration Project (WDAIP), Seattle, WA

Washington Office on Latin America (WOLA)

WE ACT

Women’s Earth and Climate Action Network (WECAN)

Women’s Environment and Development Organization

World Organisation Against Torture (OMCT)

Zo Indigenous Forum, Mizoram, India

1199SEIU United Healthcare Workers East – Florida

2020 Action

350.org

Desmond D’Sa, Goldman Environmental Prize Winner 2014, Africa