INFORME SOBRE AVANCES Y DESAFÍOS EN LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL

INFORME PAÍS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y ACADEMIA EN GUATEMALA SOBRE AVANCES Y DESAFÍOS EN LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL, DE CARA A LA CONMEMORACIÓN CARTAGENA + 30[1] 

CONTEXTO DE PAÍS

En la historia reciente de Guatemala, particularmente en el contexto de la inseguridad pública actual, muchas personas han debido migrar y solicitar asilo o refugio fuera de nuestras fronteras. Nuevos factores como: las nuevas formas de persecución (extorsiones, reclutamientos por pandillas, narcotráfico, Trata de Personas y Desastres Naturales), provocan que cada año se desplacen miles de personas dentro y fuera de Guatemala y en el territorio regional. Guatemala como país de origen de migrantes, se puede indicar que el proceso de la migración está vinculado al nivel de desarrollo social y económico del país, principalmente. Se estima que cada hora, alrededor de 14 personas salen de Guatemala con el objetivo de mejorar su calidad de vida y el bienestar familiar; esto significa que cada día salen del país alrededor de 330 personas buscando mejores  oportunidades de desarrollo.[2] Se estima que en el exterior viven y trabajan un poco más de un millón y medio de personas guatemaltecas.

Según estudios realizados, entre los principales motivos por los que la población guatemalteca emigra se encuentran: Reunificación familiar (33.1%), para enviar remesas (32.3%), porque amigos y familiares van a viajar (3.1%), por violencia ciudadana (1.5%), otros (30%). Casi dos de cien personas (1.7%) han emigrado motivadas por otras causas, como los desastres naturales.[3] En ese marco, las migraciones seguirán aumentando sus flujos y volúmenes, diversificando sus destinos[4] y ampliando su composición social. En la actualidad, Guatemala se constituye como un país de origen de flujos migratorios, principalmente hacia los países del norte, pero a su vez se configura como un país de destino y fundamentalmente un punto de tránsito de migrantes originarios de Centroamérica, Sudamérica y de otros países extraregionales.

Guatemala como país de destino y retorno se estima que radican aproximadamente 250 mil inmigrantes originarios de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Colombia, Corea, China, Ecuador, entre otros. La mayoría de ellos se encuentra en situación migratoriairregular.[5] Destaca la situación irregular y también la dificultad para aplicar a procesos de regularización migratoria, por lo cual muchos de sus derechos quedan desprotegidos. Por otro lado, como país de retorno, las deportaciones han sido una constante y cada vez más han ido en aumento[6]; sumado a ello, los riesgos de la migración son cada vez mayores y las personas migrantes siguen estando expuestas a maltratos físicos y verbales, robos, acoso y violación sexual, secuestros y asesinatos.

Las personas Guatemaltecas retornadas enfrentan serios obstáculos para su reintegración en Guatemala, limitadas oportunidades económicas, dificultades para acceder a programas de educación formal, acceso restringido a servicios sociales, resguardo a su integridad física (aquellos que emigraron por violencia), problemas psicosociales relacionados con el desarraigo y el retorno forzado, y la falta de información sobre sus derechos.

Respecto al proceso de recepción de las personas retornadas, no existen datos estadísticos sobre las personas que son retornadas forzadamente y que su motivo de salida o emigración fue por algún tipo de amenaza, extorsión, reclutamiento de pandillas o Crimen Organizado, u otro tema relacionado con la violencia; lo cual, impide la caracterización de la población guatemalteca retornada con necesidades de protección; para identificar magnitud, tendencias, causas, perfiles y necesidades de protección, dejándolos vulnerables ante las circunstancias que motivaron su salida del país. Se hace necesario que la Dirección General de Migración vaya más allá del control migratorio, que amplíe las variables de sus registros e implemente preguntas relacionadas a la causa de la emigración de las personas retornadas para conocer y monitorear a profundidad sus perfiles, causas, tendencias, comportamientos y otras características de los desplazamientos al exterior, que pueda coadyuvar a la identificación de sus necesidades de protección.

El Asilo en Guatemala:

En Guatemala cada vez existen más refugiados, más emigrantes y menos seguridad[7]. En Guatemala, aproximadamente se encuentran viviendo 159 personas reconocidas en calidad de refugiadas (en su mayoría centroamericanas). En los últimos años el número de solicitantes de otros continentes se ha mantenido estable, sin embargo, el número de solicitantes provenientes de países de América Central – particularmente de los países del llamado “triángulo norte” – ha aumentado debido a los altos niveles de violencia y criminalidad en toda esta región. Esta situación tiene como causa estructural una serie de aspectos políticos, geográficos, económicos y sociales relacionados con secuelas de conflictos, narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico ilícito de migrantes y la Trata de Personas.

A lo anterior, se suma un considerable debilitamiento de la institucionalidad del Estado, y la ubicación geográfica de Guatemala, influye en que sea un puente estratégico de conexión entre norte y Centroamérica. En Guatemala, la violencia (en todas sus manifestaciones), la criminalidad, los conflictos comunitarios por megaproyectos de exploración y explotación minera, y construcción de hidroeléctricas, crean condiciones de vulnerabilidad, generando poblaciones en riesgo, amenazadas y bajo procesos penales a consecuencia de la defensa de su territorio. Cada vez más se conoce de desplazamientos humanos sin que se hayan generado estadísticas; en ese sentido, se confirma que el país se ha convertido en un país de origen, tránsito, destino y retorno de migración, dentro de cuyos flujos transitan personas que requieren protección internacional.

En Guatemala se reportan asesinatos de operadores de justicia, líderes comunitarios, personal uniformado, fiscales y alcaldes a manos del crimen organizado transnacional[8]. Junto con extorsiones, secuestros y persecución de testigos, estos crean en todo el país un ambiente de inseguridad ciudadana que afecta a los grupos familiares y provoca desplazamientos forzosos. No obstante a que las personas refugiadas gozan de los mismos derechos que los guatemaltecos como se establece en el Acuerdo gubernativo 383-2001, en la práctica se ven limitados a acceder a oportunidades laborales, acceso a la educación pública gratuita, salud, sistema bancario, transacciones legales, entre otros. Ello, debido a que su estatus legal en el país genera incertidumbre y no es reconocido como tal por funcionarios y empleados públicos, operadores de bancos del sistema y la población en general, debido a la falta de conocimiento e información.

Las personas migrantes que solicitan asilo y/o el reconocimiento del estatuto de refugiado a menudo se les confunde entre los flujos migratorios mixtos. Existen personas migrantes centroamericanas con necesidades de protección que se desplazan por Guatemala por problemas de violencia y criminalidad y no son detectados, pasan desapercibidos, lo cual impide la garantía de sus derechos, y en particular el Derecho a la NO DEVOLUCIÓN, exponiéndolos a mayor vulnerabilidad, tratos discriminatorios y xenofóbicos. Al respecto, existe usencia de protocolos y estrategias para la identificación de dichos grupos y para ahondar en la caracterización de las causas principales, ruta de desplazamiento y perfiles socioeconómicos, entre otros.

El Estado de Guatemala ratificó su compromiso de protección internacional al firmar la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Naciones Unidas de 1951[9] y su protocolo de 1967, aprobados mediante el Decreto Ley número 34-83 del Congreso de la República de Guatemala y Acuerdo Gubernativo número 191-83, respectivamente; y la Declaración de Cartagena de 1984[10]; así como es signatario de la Declaración y del Plan de Acción de México para Fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados en América Latina[11]. Por ende, está comprometido a fortalecer la protección de los refugiados y los solicitantes de dicha condición en el país, sin discriminación alguna.

De igual manera, recientemente en la Declaración de Brasilia sobre Protección de Refugiados y Personas Apátridas en las Américas, adoptada en noviembre del año 2010, reafirmó el compromiso de analizar los movimientos migratorios mixtos, poniendo énfasis en las consideraciones de protección de las personas que conforman estos movimientos, en particular los refugiados, las víctimas de Trata de Personas, menores de edad no acompañados. Al respecto, se hace necesario impulsar proceso de creación de Reglamento de Apátrida.

Sin embargo, hasta el momento muchas acciones a favor de Refugiados y solicitantes de Asilo en Guatemala, se encuentran sin cumplimiento, pese a los compromisos asumidos por el Estado de Guatemala y lo que establece en el Reglamento para la Protección y Determinación del Estatuto de Refugiado en el Territorio del Estado de Guatemala (Acuerdo Gubernativo 383-2001), lo cual impide garantía del Derecho a la NO DEVOLUCIÓN, entre otros derechos.

A pesar de contar con la Comisión Nacional para Refugiados (CONARE)[12] , creada a partir del Acuerdo Gubernativo 383-2001, solicitantes se ven forzados a desistir de sus peticiones al no encontrar eco en sus solicitudes. Se identifica en la CONARE ciertas debilidades (Reuniones, por ejemplo) que no permite que los procesos de elegibilidad sean agiles y eficientes y se cumplan con los plazos que la ley establece para otorgar el estatuto. Se incumple lo establecido en el Acuerdo 383-2001 respecto a las reuniones que la comisión debe realizar para determinar y/o autorizar la condición de Refugiado. El acuerdo establece en su artículo 6 que “La Comisión Nacional para Refugiados se reunirá ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuantas veces sea necesario, a iniciativa de cualquiera de sus miembros y previa convocatoria del presidente de la Comisión”; sin embargo, en la práctica ha transcurrido periodo de hasta casi nueve meses sin que la CONARE pueda reunirse; lo cual se interpreta como desinterés político y falta de compromiso de los Viceministros que en corresponde para la resolución de casos de los solicitantes de asilo o del estatuto de refugiado.

Otra de las problemáticas identificadas es, que en caso los solicitantes de la condición de Refugiado quieran hacer valer su derecho de apelación, éstos tienen que recurrir hasta el presidente de la República a través de la Secretaría de la Presidencia para que se emita una resolución definitiva en segunda instancia; facultad que no le confiere la Constitución Política de la República de Guatemala al Señor Presidente. Por lo anterior, se considera necesaria la reforma al Acuerdo Gubernativo 383-2001 y que la Comisión Nacional para Refugiados implemente a) estrategias nacionales en favor de la población que se desplaza a consecuencia de las acciones ilícitas del crimen organizado transnacional, b) procesos justos y adecuados para el acceso al procedimiento a solicitantes de asilo, c) estrategias conjuntas porque las condiciones de acceso a territorio y a procedimientos sean efectivas para reducir el riesgo de la devolución, d) Que la recepción sea digna y en un entorno que facilite la integración local de las personas refugiadas.

Se reconocen los esfuerzos de la Dirección General de Migración por sustituir la cédula de refugiado (de cartón) por un documento de identificación de plástico tipo carne, que reunirá las condiciones de seguridad y credibilidad para los tramites y transacciones que las personas refugiadas realicen; así como también su respectiva campaña para la socialización y aceptación de dicho documento lo cual facilitara el proceso de integración socio-económica de las personas Refugiadas.

Reforma a la Legislación Migratoria:

Organizaciones Sociales y Academia promueven importantes esfuerzos y procesos de reforma a la legislación e institucionalidad migratoria de Guatemala (Decreto 95-98 del Congreso de la República, Ley de Migración), con el objetivo de lograr una profesionalización y modernización del sistema y servicio migratorio en Guatemala, y para integrar a la legislación migratoria enfoque de derechos humanos, de protección a la Niñez y Adolescencia migrante, protección a personas Refugiadas, Víctimas de Trata de Personas, y a los trabajadores migratorios y sus familiares; así como mecanismos para armonizar la legislación con: a) Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares (Convención de 1990) principalmente; b) Convención sobre Derechos del Niño, c) Convención sobre el Estatuto de Refugiados, y con los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y Migración.

Se hace necesaria la reforma a la ley migratoria también, derivado de serios señalamientos de corrupción y de cuestionamientos en el cumplimiento de la función, administración y el control de los flujos migratorios por la Dirección General de Migración (intervenida desde el año 2001). También se hace necesaria la reforma para implementar procesos de regularización migratoria más justos y accesibles para las personas extranjeras en situaciónmigratoria irregular o no-autorizada, solicitantes del Estatuto de Refugiado y personas Refugiadas en el país, quienes son vulnerables y permanecen a la sombra del sistema, con serios problemas de acceso a regularización migratoria y negociando sus propias formas de sobrevivencia, dificultando su integración local. Para ello también, sociedad civil y Comisión de Migrantes del Congreso de la República, actualmente están en la discusión para generar una propuesta de Ley de Regularización Migratoria. Sumado a lo anterior, el actual marco normativo tiene un enfoque de seguridad nacional y de administración de flujos migratorios (El enfoque de seguridad nacional también es percibido de funcionarios de Estado). La actual Ley también contiene imprecisiones y lagunas legales (incumplimiento de plazos para retorno de extracontinentales), que en su aplicación práctica derivan en situaciones que violan los derechos fundamentales de las personas migrantes detenidas, aseguradas y que transitan por Guatemala; tal aseveración es confirmada por el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes[13].

Aunado a lo anterior, el país y el istmo Centroamericano están asistiendo un fenómeno de la migración que representa nuevos retos y desafíos legales.

ANTECEDENTES PARA LA ELABORACION DEL DOCUMENTO

En alianza y coordinación con el Consejo Noruego para los Refugiados NRC[14] la Comisión Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala (Agencia Socia del ACNUR en Guatemala) fue la responsable de convocar, coordinar y liderar el proceso de consulta-país con organizaciones de la sociedad civil y Academia en Guatemala afines a la temática agrupadas en el Grupo Articulador de la Sociedad Civil en materia migratoria para Guatemala, esto, a través de un foro consulta para analizar, reflexionar y debatir alrededor de las oportunidades, situaciones y desafíos que nos plantea la protección internacional y los flujos migratorios mixtos; así como, los desplazamientos humanos de hoy día, desde las diferentes perspectivas y situaciones, emanando el presente documento, para así acudir con una visión coherente y consolidada a la reunión sub-regional.

Las organizaciones Sociales y Académicas participantes de este proceso, fueron:

1. Asociación Civil Guatemaltecos Unidos por Nuestros Derechos –AGUND

2. Comisión Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala -PMH-CEG

3. Consejería en Proyectos –PCS

4. Defensoría de la Población Desarraigada y Migrante de la Procuraduría de los Derechos Humanos -PDH

5. Dirección General de Investigaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala

6. El Refugio de la Niñez y la Adolescencia

7. Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial –ECAP

8. Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo –INCEDES

9. Instituto de Investigaciones y Gerencia Política de la Universidad Rafael Landívar

10. Instituto de Protección Social –IPS

11. Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala –MENAMIG

12. Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala-ODHAG

13. Red Internacional contra la Explotación Sexual -ECPAT

14. Sistemas Departamentales de Protección a la Niñez y Adolescencia/PMH-CEG

15. Unidad de Prevención de Trata de Personas, Procuraduría de los Derechos Humanos

METODOLOGIA IMPLEMENTADA

Para el efecto, estableció una metodología participativa que incluyó 04 mesas de trabajo con temáticas en función de las cuestiones que se han establecido como prioritarios para Guatemala. Se crearon 04 grupos de trabajo que sus integrantes rotaron entre dos mesas/temáticas, a manera que la mayoría de los participantes opinaran y aportaran en dos temas. Cada mesa conto con un facilitador/a y/o relator/a que estuvieron de manera fija en cada mesa. Al final en la plenaria se expusieron las conclusiones, desafíos y recomendaciones de las 04 mesas de trabajo, lo que en el presente documento queda reflejado y plasmado. A continuación se presentan los resultados y propuestas surgidas de las reflexiones análisis y debate sobre los siguientes temas:

 MESA 1. EL DESPLAZAMIENTO FORZADO CAUSADO POR MOTIVOS RELACIONADOS CON EL CRIMEN ORGANIZADO Y VIOLENCIA DELICTIVA EN GUATEMALA 

 El grupo de trabajo concluye que: aunque funcionarios públicos argumentan y sostienen que no existen desplazamientos internos y externos causados por el Crimen Organizado, estos sí se están dando. El Estado no reconoce el desplazamiento interno generado por el crimen organizado, porque el reconocerlo implica reconocer también el fracaso en las políticas de seguridad de gobierno. Los impactos generados en la familia y en las personas desplazadas son diversos, puesto que el desarraigo implica impactos psicosociales en las personas, pérdida de empleo, patrimonio (cuando maras desplazas a personas de sus viviendas), desintegración familiar, entre otros.

Entre las causas que influyen en el desplazamiento se encuentran las acciones ilícitas emprendidas por el Crimen Organizado, Narcotráfico, Maras (reclutamiento y extorsión), pandilleros desde las cárceles del país (extorsión) y los Megaproyectos como las mineras e hidroeléctricas que con tácticas y estrategias basadas en el uso de violencia y manipulación de los medios de comunicación, han causado persecuciones y muertes de líderes comunitarios y sindicales en defensa de su territorio.

DESAFIOS:

Implementar registro y monitoreo de personas que se desplazan internamente a manera de identificar necesidades concretas de protección de las personas migrantes, ya que lo que se conocen son relatos, pero no se cuenta con datos estadísticos.

Se debe generar un sistema de información y monitoreo, y que éste sea accesible a la población. Para el cual, El Ministerio Público puede contribuir a aportar datos más específicos al respecto de los casos en donde las personas han tenido que desplazarse internamente.

Respecto a la emigración externa, se hace necesario monitorear y documentar los casos, y una forma de realizarlo es al momento del registro y control migratorio que realizan autoridades durante la recepción de las personas retornadas. En este sentido, no ha existido avance al respecto. Los factores agregados que exacerban la situación de desplazamiento son: a) Existen sub registros de casos, b) Impunidad y falta de credibilidad en el sistema de justicia provocan que no exista cultura de denuncia, c) Falta de acceso a la justicia e incumplimiento de la ley.

Existe una crisis en la administración de justicia que no protege a las víctimas de violencia, sumado a que en las estructuras del Estado, se ha identificado colusión, vinculado a fuerzas de seguridad y de control con el Crimen Organizado. Algunos forman parte del grupo delictivo agresor.

PROPUESTAS

1. El Estado debe estudiar, monitorear y documentar casos sobre desplazamiento forzado, y ofrecer datos al respecto para una oportuna intervención, o en su defecto apoyarse de estudios de la Academia y OSC al respecto.

2. Posicionar la figura de Refugio como un derecho e incluir en los medios de comunicación el tema, así como en el Curriculum Nacional Base del Ministerio de Educación. Sumar a gobiernos municipales en estos esfuerzos.

3. Generar campañas informativas en el tema de Asilo en zonas de alto riesgo, pero que la misma sea accesible a varios sectores poblacionales.

4. Abordar la conflictividad social desde las causas estructurales que lo generan. El desplazamiento se exacerbará a futuro si esta situación no se aborda.

 MESA 2. GRUPOS CON NECESIDADES ESPECIFICAS DE PROTECCIÓN: NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA), MUJERES, VICTIMAS DE TRATA O TRAFICO, REPATRIADOS Y TRANSMIGRANTES.

Con enfoque de Guatemala como país expulsor o de tránsito

 El grupo de trabajo concluye que existen esfuerzos para la asistencia a la niñez y adolescencia migrante no acompañada, pero desde un enfoque de asistencia a los NNA migrantes no acompañados retornados. Sobre la Niñez migrante radicada y de paso por Guatemala, se carecen estrategias para la identificación, asistencia y protección. Existe Niñez y Adolescencia Migrante no acompañada de otras nacionalidades establecidas y que transita por Guatemala pero que es invisibilizada o pasa desapercibida por las instituciones encargadas de la protección de la Niñez en general.

Al igual que la población adulta, NNA se desplazan interna y al exterior del país, motivados principalmente por la reunificación familiar y por situaciones socioeconómicas que limitan su acceso a la educación. Se han identificado algunos casos en que NNA retornados (Adolescentes más que todo), han emigrado por cuestiones relacionadas por la violencia intrafamiliar, violencia psicológica y por discriminación en sus comunidades, derivada -entre otros-, de preferencias sexuales diferentes. Puede identificarse también a NNA migrantes no acompañados que pudieron haber sido desplazados al negarse a integrar maras, por amenazas, entre otros.

En el caso de las mujeres y víctimas de Trata de Personas, se identifica que no existe un mecanismo adecuado y/o protocolos de coordinación, identificación, atención, referencia y calidad de respuesta a solicitantes de la condición de refugiados en riesgo de Violencia Sexual y de Género- VSG, sumada la casi nula capacidad del Estado para la reintegración plena a la sociedad de las víctimas, para una vida digna, lo cual hace que las personas estén en constante desprotección y sin apoyo de red estatal. Se han identificado casos de victimas de Trata en el país.

No obstante que el Reglamento para la protección y determinación del Estatuto de Refugiado en el Territorio de Guatemala, establece la forma de atención de NNA, no se han creado mecanismos específicos de coordinación interinstitucional para la asistencia y protección plena de los NNA migrantes no acompañados que soliciten la condición de Refugiado.

Existe una propuesta de protocolo interinstitucional para la protección y asistencia de la niñez migrante en Guatemala, liderado por la SBS, proceso que se encuentra detenido y requiere que sea incluido el enfoque de atención y protección a la niñez solicitante de la condición de refugiado.

DESAFIOS

Fortalecer la cohesión en los esfuerzos de instituciones públicas mediante un protocolo interinstitucional para la plena atención y protección de las mujeres víctimas de VSG, NNA, Victimas de Trata de Personas y Tráfico, solicitantes del estatuto de Refugiado, para que propicie la adecuada reintegración social, económica y laboral.

Que se respete el principio de la Determinación del Interés Superior del Niño –DIS- en todo proceso (sea de retorno o de protección internacional).

Implementar registro de información y monitoreo permanente de los desplazamientos y necesidades de protección de grupos Vulnerables: mujeres víctimas de VSG, NNA, Victimas de Trata de Personas y Tráfico, solicitantes del estatuto de Refugiado.

PROPUESTAS

1. Implementación de los protocolos emanados de la CRM relacionados a la atención y protección de NNA, mujeres, víctimas de Trata o Tráfico, Repatriados y Transmigrantes, respetando el principio de DIS en el caso de los NNA.

2. Se implemente el registro y monitoreo permanente de personas vulnerables con necesidades de Protección (mujeres víctimas de VSG, NNA, Victimas de Trata de Personas y Tráfico, solicitantes del estatuto de Refugiado, Repatriados y Transmigrantes).

3. Se busquen alternativas a la detención y/o aseguramiento en el caso de transmigrantes y NNA migrantes no acompañados.

4. Crear albergues que reúnan condiciones dignas y humanas para adultos, mujeres víctimas de VSG, NNA, Victimas de Trata de Personas y Tráfico, solicitantes del estatuto de Refugiado. La dirección General de Migración cuenta con un albergue el cual no reúne las condiciones mínimas de alberque, asistencia y libertad de circulación de los posibles solicitantes de la condición de Refugiado.

 MESA 3. GUATEMALA COMO PAIS RECEPTOR: FRONTERAS, CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS NACIONALES DE DETERMINACION DE LA CONDICION DE REFUGIADO E INTEGRACION LOCAL

El debate, reflexión y conclusiones del grupo señalan que en las fronteras existe desinformación sobre acceso a territorio y al procedimiento para solicitar la condición de Refugiado. Es vigente la percepción de la población sobre la corrupción que se da en las delegaciones migratorias de las diferentes fronteras del país; sumado a que no existe formación de los funcionarios respecto a la identificación de posibles solicitantes de protección internacional y la atención diferenciada.

En los pocos casos de solicitudes de protección internacional que se identifican en las fronteras, se ha logrado percibir de los delegados migratorios que complican el acceso a territorio de los solicitantes, puesto que para autorizar un ingreso se amparan en autorizaciones administrativas-jerárquicas de los superiores para permitir el ingreso o no al país de personas que requieran ingresar al territorio por protección internacional.

Se identifica también que existe un desconocimiento de agentes y delegados migratorios fronterizos sobre la Oficina (a lo interno de la DGM) para canalizar los casos de personas solicitantes de protección internacional.

Existe también una marcada desconfianza de las personas solicitantes de protección internacional hacia las autoridades migratorias para expresar la verdadera causa por la que emigran (en caso de persecuciones, amenazas, extorsiones), y muchas personas prefieren ingresar y llegar hasta ciudad de Guatemala para plantear sus respectivas solicitudes de protección.

Proliferan los puntos ciegos en las fronteras Florido, Agua Caliente, Valle Nuevo, otros; lo cual facilita burlar por veredas los puntos autorizados de ingreso al país. Se califica a las fronteras como no seguras, en las que no existe infraestructura institucional más allá de control migratorio, control aduanero y de fumigación para la sanidad agropecuaria.

Sobre los procedimientos: Es de reconocer el gran avance de Guatemala al crear Decreto 383-2001 que da vida a la CONARE y el procedimiento para el reconocimiento del estatuto de Refugiado, pero éste se ve afectado por el incumplimiento de los plazos que el mencionado Decreto establece. El proceso de averiguación-investigación en las solicitudes de Asilo tiene un marcado enfoque de seguridad nacional, puesto que el procedimiento se realiza tomando también en cuenta a las averiguaciones de la INTERPOL hacia los solicitantes. La tasa de reconocimiento es muy baja por diferentes factores, como referencia se mencionan las solicitudes del año 2013: De las solicitudes 48 solicitudes realizadas, 27 fueron abandonadas, 03 reconocidas, 01 rechazada, 02 desistidas porque los plazos son muy extensos; y 15 quedaron pendiente de resolver, al treinta y uno de Diciembre 2013.

No existe programa gubernamental para la integración local de las personas Refugiadas. Es un desafío también que el Estado asuma la atención y asistencia integral, durante y después del reconocimiento.

PROPUESTAS

1. Crear e implementar Política migratoria integral y humana que contenga aspectos migratorios y de protección-asistencia a las personas solicitantes de refugio, Refugiadas y apátridas.

2. Crear e implementar protocolo de atención y referencia de casos identificados en fronteras. Se deben establecer mecanismos institucionales para reducir la corrupción en las fronteras, y así lograr que estas sean espacios seguros y amigables.

3. Implementar procesos de capacitación dirigido a agentes migratorios fronterizos para la identificación de casos y perfiles de solicitantes de protección internacional.

4. Realizar campañas informativas en las fronteras y departamentos fronterizos, para acceder a territorio y procedimientos sobre protección internacional.

5. Que la CONARE implemente estrategias y esfuerzos para el cumplimiento de los plazos establecidos en Ley para resolver solicitudes en tiempo; puesto que actualmente los plazos extensos dificultan acceder al estatuto de manera ágil.

6. Reformar el acuerdo gubernativo 383-2001 (Reglamento para la Protección y Determinación del Estatuto de Refugiado en el Territorio del Estado de Guatemala), para hacer más efectivos los plazos y procedimientos.

7. Crear e implementar un programa gubernamental de asistencia e integración local social y económica de las personas Refugiadas.

 

MESA 4. DESPLAZAMIENTO (INTERNO O TRANSFRONTERIZO) PROVOCADO POR DESASTRES NATURALES O CAMBIO CLIMATICO

Recientemente el Congreso de la República de Guatemala aprobó la Ley Marco para Regular la Reducción de la Vulnerabilidad, la Adaptación Obligatoria ante los Efectos del Cambio Climático y la Mitigación de Gases de Efecto Invernadero ( Decreto Número 007-2013 el Congreso de la República); considerando que Guatemala es uno de los países más vulnerables al fenómeno natural. Dicha ley presenta una gran oportunidad (si las instituciones saben aprovechar) para reducir la vulnerabilidad del país ante los efectos del cambio climático y para contribuir a las acciones de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.

En Guatemala, las consecuencias nefastas del corredor seco, los fenómenos naturales, inundaciones y los desastres provocados por las mineras transnacionales e Hidroeléctricas, han provocado los desplazamientos de personas al interior y exterior del país.

Se identifica que ante los diversos escenarios de los desastres naturales, hacen falta planes de contingencia y protocolos interinstitucionales para el auxilio inmediato, atención y protección de los flujos de personas que se desplazan a consecuencia de éstos (antes, durante y después de los eventos de desastre natural). Guatemala, en sus planes y protocolos debe tener una visión de país de origen, transito, destino y retorno de los flujos migratorios que se desplazan por situaciones de desastre natural.

Al respecto, como país de destino de los flujos migratorios desplazados por desastres naturales, Guatemala debe flexibilizar los procesos y requisitos para quienes quieran optar a Visas Humanitarias y establecerse de forma legal en el país. De la misma manera, debe considerar aspectos étnicos y culturales de las personas que el gobierno reubica para la salvaguarda de su vida e integridad física, como consecuencia de los desastres naturales.

Al igual que el caso de las personas retornadas, el Estado de Guatemala debe implementar un sistema de información para generar registros de las personas que se desplazan por situaciones de desastres naturales dentro y fuera del país, para identificar las necesidades de protección y para su integración local, económica y social; así como, monitoreos del cumplimiento de sus derechos.

Debe el Estado, retomar e intensificar acciones de Lobby y cabildeo en EE.UU. para que la población inmigrante guatemalteca que reside en ése país y que ha emigrado por desastres naturales, pueda ser beneficiada con el Estatuto de Protección Temporal (TPS).

Uno de los fenómenos identificados que está afectando fuertemente a Guatemala, es el hongo de la Roya en el Café. De acuerdo al Centro de investigaciones en Café CEDICAFE de la Asociación Nacional del Café -ANACAFE, el impacto de la Roya ha perjudicado a más de 200 mil trabajadores y ha provocado un impacto negativo en más de 1.4 millones de personas, al incluir a sus familias; lo cual, desencadena el agravamiento de la crisis alimentaria en los departamentos y municipios del interior del país donde se identifican las perdidas en los cafetales por la plaga; así como, ha generado emigración de las personas afectadas. Guatemala es el país más afectado en la región centroamericana.

Por lo anterior, la crisis de la roya es un problema que se debe atender en el corto plazo, y deben realizarse las gestiones pertinentes ante el Congreso de la República de Guatemala para realizar modificación al fideicomiso, que asegure la recuperación de las pequeñas economías campesinas, condonación de deuda, acceso a créditos a un bajo costo, donaciones o capacitaciones técnicas.

PROPUESTAS

1. Se considera necesario ampliar la educación pública respecto al cambio climático e implementar una campaña nacional para prevenir desastres naturales y movilidad humana como consecuencia.

2. Se hace necesario crear un sistema y plan de prevención y acción para dar respuesta oportuna, a nivel local, municipal y nacional, con enfoque étnico y cultural, y como país de origen, tránsito y destino.

3. Realizar modificación al fideicomiso para la asistencia a los afectados por la Roya del Café, para que los recursos aseguren la recuperación de las pequeñas economías campesinas, condonación de deuda, acceso a créditos a un bajo costo, donaciones o capacitaciones técnicas.

4. Implementar monitoreos y registros de las personas que se desplazan por cuestiones de desastres naturales, dentro y fuera del país, para identificar las necesidades de protección, y para su integración local, económica y social.

5. Para los desplazados que son inmigrantes en el país a causa de estas consecuencias, se debe de flexibilizar los procesos y requisitos para optar a Visa Humanitaria.

6. Crear e implementar planes de contingencia y protocolos interinstitucionales para la el auxilio inmediato, atención y protección de los flujos de personas que se desplazan a consecuencia de los Desastres Naturales (antes, durante y después de los eventos).

7. El Gobierno de Guatemala debe retomar e intensificar acciones de Lobby y cabildeo en EE.UU. para que la población inmigrante guatemalteca que reside en ése país y que ha emigrado por desastres naturales, pueda ser beneficiada con el Estatuto de Protección Temporal (TPS).

8. Promover ante instituciones y foros Regionales (PARLACEN, RROCM, SICA, COPAREM, otros) planes y políticas de atención integral regional a la población centroamericana que se desplaza por desastres naturales.

Se ha determinado que el presente documento, sea socializado con funcionarios públicos de la CONARE y de la Mesa Técnica de Refugiados, para su respectivo conocimiento.

 Guatemala de la Asunción, Mayo de 2014.

 



[1] El presente documento representa la postura de Sociedad Civil y Academia en Guatemala. Es producto de análisis, reflexiones, trabajo conjunto y propuesta de Organizaciones Sociales y Académicas de Guatemala que se reunieron en el Taller-Consulta sobre la implementación de la Declaración de Cartagena, en el marco de 30 años de su conmemoración, realizado el día 28 de Marzo del año 2014 en la sede de la Conferencia Episcopal de Guatemala.

[2] UNICEF. “El Salto al Norte: violencia, inseguridad e impunidad del fenómeno migratorio en Guatemala”.2010.

[3] 3UNICEF. “El Salto al Norte: violencia, inseguridad e impunidad del fenómeno migratorio enGuatemala”.2010. Pág. 60

[4] Principalmente a Estados Unidos de América pero históricamente también a México y más recientemente a otros países de Europa como España e Italia entre los más importantes.

[5] “Migraciones: Un Compromiso de Estado, Guatemala, 2012-2016”. Año. 2011. Pág. 13.

[6] En el año 2013, 50,221 personas guatemaltecas fueron deportadas desde EE.UU.; y 29,598 desde México. Del 01 de Enero al 30 de Abril 2014, 18,497 personas han sido deportadas de EE.UU., y 10,605 de México. Fuente: Dirección General de Migración.

[7] Respecto a la inseguridad, de acuerdo al Informe Global sobre Homicidios 2013, de la Oficina de laOrganización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se sitúa a Guatemala entre los cinco países con más homicidios a nivel mundial, con una tasa de 39.9 muertes por cada 100 mil habitantes. Señala el informe que América Central es la región de América Latina con mayor número de homicidios (más de 24 por cada 100 mil). De acuerdo al informe, el primer lugar lo ocupa Honduras, con una tasa de 90.4 muertes por cada 100 mil habitantes, el segundo lugar lo ocupa Venezuela, con una tasa de 53.7; le sigue Belice con 44.7; El Salvador con una tasa de 41.2 muertes por cada 100 mil habitantes, y Guatemala figura en el quinto puesto.

[8] De acuerdo al Grupo de Apoyo Mutuo GAM, en su informe anual de hechos violentos y situación deDerechos Humanos de 2013, señaló que en los dos últimos años el promedio de muertes violentas diarias en el país fue de 17 personas, y que las muertes se incrementaron en 2013 en comparación con el de 2012. Según se explica en el informe, las víctimas en su mayoría son mujeres y menores de edad.

[9] Adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatutode los Refugiados y de los Apátridas (Naciones Unidas), convocada por la Asamblea General en su resolución 429 (V), del 14 de diciembre de 1950. Entrada en vigor: 22 de abril de 1954, de conformidad con el artículo 43 Serie Tratados de Naciones Unidas, Nº 2545, Vol. 189, p. 137.

[10] Por su naturaleza, la Declaración de Cartagena no es ratificable por los Estados, puesto que es unaDeclaración de Buena voluntad y su definición está incluida por el Estado de Guatemala en el Reglamento para la Protección y Determinación del Estatuto del Refugiado (Acuerdo Gubernativo 383-2001). Es un instrumento regional no vinculante desarrollado en Cartagena de Indias, Colombia, en noviembre de 1984, por un grupo de expertos gubernamentales de Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Venezuela. Su enfoque central fue la protección y los retos humanitarios que afectaban a los refugiados en Centroamérica en los años 80. La Declaración de Cartagena se basa en la práctica generosa de las Américas de conceder asilo y resalta importantes principios del Derecho Internacional de los Refugiados. Aunque la Declaración de Cartagena subraya una serie de principios para el trato humano y las soluciones duraderas para aquellas personas necesitadas de protección internacional, se conoce mejor por su recomendación para expandir la definición de refugiado de 1951.

[11] Declaración y Plan de Acción de México, ha sido adoptado por 20 países, para fortalecer la proteccióninternacional de los refugiados en América Latina, introduciendo por primera vez los innovadores“programas de solidaridad” en la región.

[12] Integración: La Comisión Nacional para Refugiados integrada por: a) Viceministro de Gobernación o surepresentante; b) Viceministro de Relaciones Exteriores o su representante; c) Viceministro de Trabajo y Previsión Social o su representante; d) Director General de Migración o su representante; e) Un representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR-.Artículo 5 del Decreto número 383-2001. Atribuciones: Las atribuciones de la Comisión Nacional de Refugiados incluyen: formular políticas públicas en materia de protección y asistencias a los refugiados;determinar la condición jurídica de refugiado; velar por la capacitación de los funcionarios responsables sobre las medidas de protección y asistencia a refugiados y solicitantes de asilo. Artículo 8 del Decreto 383-2001.

[13] Informe del Relator Especial sobre derechos humanos de los Migrantes, Sr. Jorge Bustamante, Misión a Guatemala del 24-28 de Marzo 2008, No. 121. Marzo 18 de 2009.

[14] El Consejo Noruego para los Refugiados NRC, es la organización que por encargo del Alto Comisionado para los Refugiados ACNUR, tiene el mandato de realizar todo el proceso oficial de consultas a Organizaciones sociales en la región, proceso reconocido por Naciones Unidas. Es el encargado de facilitar técnica y financieramente los encuentros de organizaciones sociales por país, y los encuentros subregionales de cara a la conmemoración de los 30 años de la Declaración de Cartagena.

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INFORME PAÍS DE SOCIEDAD CIVIL Y ACADEMIA EN GUATEMALA SOBRE AVANCES Y DESAFÍOS EN LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL, DE CARA A CONMEMORACIÓN CARTAGENA + 30