INTERVENCION DE LA RED REGIONAL DE ORGANIZACIONES CIVILES PARA LAS MIGRACIONES (RROCM) ANTE LA XXI CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACIÓN (CRM)

crmhondurasSAN PEDRO SULA, HONDURAS

16 al 18 de noviembre de 2016

La Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM) saluda a los Estados miembros, organismos intergubernamentales y observadores de la XXI Reunión del Grupo Regional de Consulta sobre Migración, en Honduras,  sede de la Presidencia Pro Témpore de la CRM.

Las realidades migratorias y el contexto en el que éstas se desarrollan demandan un abordaje integral, solo así es posible responder a las múltiples aristas generadas por la migración y a la demanda de los Estados de origen, tránsito y destino. Las políticas deben tener su foco central en las personas migrantes, víctimas de trata y tráfico, solicitantes de asilo, refugiadas, y apátridas.

La RROCM reconoce la importancia del desarrollo de marcos jurídicos acordes con el derecho internacional de los derechos humanos, a partir de las obligaciones internacionales adquiridas por los Estados. Valoramos los esfuerzos desarrollados en el marco de la CRM en materia de protección, reflejados en la generación de protocolos, lineamientos, memorándums de entendimiento, mecanismos de colaboración, cooperación y coordinación interinstitucional pero insistimos en la necesidad de trascender de los acuerdos a acciones eficaces, vinculantes y generalizadas en los países miembros de la CRM.

Reiteramos la necesidad de abordar las migraciones a partir de:

  • Visibilizar a las personas migrantes, de manera que sean reconocidas y tratadas como sujetas de derechos, independientemente de su situación migratoria.
  • Reconocer los aportes de los migrantes a los países y sociedades de origen, tránsito y destino.
  • Fortalecer la participación de las personas migrantes y sus organizaciones en las políticas públicas, los espacios regionales de reflexión y toma de decisiones.

Desde esta visión, presentamos los siguientes temas con propuestas concretas:

  1. FLUJOS MIGRATORIOS EMERGENTES

Los actuales flujos migratorios constituidos principalmente por poblaciones africanas, haitianas y cubanas, evidencian las dificultades de comunicación y apreciación política por parte de los Estados miembros de la CRM. Reconocemos los especiales esfuerzos bilaterales realizados a inicios de año por Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y México.

Es indudable que el destino de estas poblaciones es los Estados Unidos de América y las causas de su migración son de carácter humanitario. Al interior de los flujos claramente existen redes de tráfico ilícito de personas. Valoramos que la respuesta del cierre de fronteras ha incrementado la difícil situación humanitaria de estas poblaciones y favorecido el poder estructural de las redes criminales.

Consideramos habrán nuevos flujos migratorios emergentes transitando por nuestros territorios, a pesar de las políticas de control de fronteras y se abrirán nuevas rutas no habilitadas.

Demandamos una política regional, coordinada e integral, incluyendo:

  • Tutelaje de los derechos humanos de las poblaciones y un férreo combate al tráfico ilícito de migrantes que no violente los derechos a estas poblaciones vulnerables, en especial de los solicitantes de protección internacional.
  • Una comunicación real y efectiva entre los Estados y todos los actores de la sociedad civil requeridos en los procesos de atención y protección.
  • La actualización de información nacional y regional sobre el delito de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes emergentes, conteniendo un análisis de los datos, identificación de los vacíos legales existentes y la formulación de estrategias de acciones inmediatas y de largo plazo.
  • La elaboración de amplias campañas de información y sensibilización orientadas a las poblaciones vulnerables y a las comunidades en donde hay mayor presencia de redes criminales. Recomendamos incluir en el currículum educativo los contenidos de prevención de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
  1. TODOS SOMOS HAITI

El incremento de flujos migratorios de población haitiana hacia los Estados Unidos de América utilizando la ruta de la región Mesoamericana, se ha intensificado. El huracán Mateo impactó gravemente a Haití, haciendo más difícil las condiciones de vida en dicho país. Esta situación exige un alivio inmediato coordinado por parte de los países miembros de la CRM, ante quienes la RROCM hace el siguiente llamado:

  • Demandar de forma conjunta al Sistema de Naciones Unidas el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo (ODS) 2, 6 y 15, particularmente de cara a atender los daños ambientales y productivos de corto y mediano plazo. En este sentido hacemos un llamado para que se contabilice y verifique con unidades móviles, el número de haitianos y africanos en las fronteras de todos los países miembros de la CRM, y que la OMS brinde todo el apoyo en la prevención y atención sanitaria de las poblaciones, en particular, alimentación, calidad del agua y prevención del cólera.
  • Invitar a Estados Unidos de América a revisar las medidas relativas a Haití, y adoptar un Alivio Migratorio Inmediato para los y las haitianos incluyendo entre otros, cese a las deportaciones, emisión y/o reemisión del Permisos Humanitarios, ampliar los Permisos Humanitarios por Razones Familiares y la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS).
  • Exhortar a los países miembros de la CRM apoyar al gobierno de Haití y su sociedad civil en el diseño de acciones dirigidas al combate a la pobreza, al establecimiento de programas de gestión de riesgo o prevención de desastres, a coordinar con ellos los procesos de identificación indispensables para la organización de los flujos migratorios. Al mismo tiempo, les invitamos  a promover  entre nuestros pueblos la solidaridad con Haití, asumir la no criminalización de la migración irregular, organizando la emisión de Permisos Humanitarios de Tránsito, así como crear condiciones humanitarias de hospedaje y alimentación.
  1. PLAN DE ACCIÓN BRASIL, CARTAGENA +30

Con la intención de homologar los esfuerzos realizados fuera del marco de la CRM, como lo fueron los encuentros mesoamericanos entre sociedad civil y gobiernos para dar seguimiento a la implementación del Plan de Brasil, consideramos oportuno y necesario retomar dentro del marco de esta Conferencia dicho Plan, el cual fue adoptado con la intención de aplicar los estándares más altos de protección internacional, implementar soluciones innovadoras para las personas refugiadas y desplazadas, así como, erradicar la apatridia en la región.

En ese sentido, invitamos a incluir el cumplimiento del Plan de Acción de Brasil a favor de las personas solicitantes de asilo y refugio, así como, personas refugiadas y apátridas, estableciendo medidas tales como:

  • Adoptar la definición ampliada del concepto de refugiado, establecida en la Declaración de Cartagena.
  • Desarrollar otros mecanismos de protección internacional previstos en instrumentos internacionales ratificados por los Estados miembros, no siempre adecuadamente desarrollados.
  • Ratificar cada país las Convenciones Internacionales relevantes.[1]
  • Desarrollar normas, prácticas y procedimientos para el reconocimiento de la condición de refugiado, garantizando mayor accesibilidad, así como respeto al debido proceso, y el derecho a la confidencialidad, incorporando un enfoque de género, con atención especial a las víctimas de violencia sexual.
  • Asegurar en todos los Estados la implementación de la Iniciativa en su totalidad, en particular los programas de: Gestión de Asilo de Calidad y Fronteras Solidarias y Seguras.
  • Brindar el tratamiento adecuado a las víctimas de trata de personas, ofreciéndoles protección, incluyendo la garantía del principio de no devolución y evitar la instrumentalización de las mismas en el contexto de la persecución penal.
  • Avanzar en el marco de protección trazado en los documentos desarrollados por el Grupo Ad hoc de las niñas, niños y adolescentes en el contexto de la migración, garantizándoles el interés superior, asegurando la presencia y actuación de un curador u oficial, la asistencia legal, psicológica, sanitaria y la comunicación con los padres. Es indispensable no ser privados de libertad, sino buscar medidas alternativas, de acuerdo a la Opinión Consultiva 21/14 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Instamos a los gobiernos a reactivar el diálogo entre sociedad civil y gobiernos para avanzar en el cumplimiento del Plan de Acción de Brasilia a favor de las personas solicitantes de asilo, refugiadas, y apátridas.

  1. RECONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS MIGRANTES COMO SUJETAS DE DERECHOS EN LAS LEGISLACIONES EN MATERIA MIGRATORIA

Hemos expresado a lo largo de las últimas décadas, la necesidad de revisar las legislaciones nacionales en materia migratoria, sin embargo vemos cómo, en su mayoría, las legislaciones tienen por objeto el establecimiento de funciones y disposiciones de la entidad responsable de administrar las migraciones,  siendo efectivas exclusivamente en el marco de movilidad humana de manera regular.

Hoy en día, observamos el incremento de la emigración y migración de tránsito en condiciones irregulares por carencias de documentación nacional, visas o permisos humanitarios, recurriendo dichas poblaciones a redes de tráfico de personas. En este sentido, la preocupación compartida por Estados y sociedad civil es garantizar los derechos de las personas migrantes, independientemente de su condición migratoria.

En este marco, vemos asimetrías en las legislaciones y normativas de los países integrantes de la CRM. Mostramos nuestro acuerdo  al trabajo realizado en la construcción de legislaciones modernas donde  se coloca a la persona migrante como sujeta de derecho, bajo el respeto y garantía al debido proceso. Queremos reconocer a México, Costa Rica y Guatemala por sus avances en materia legislativa y a Honduras por la implementación de programas de protección. Consideramos que sigue siendo un reto la implementación y aplicación de las legislaciones cuando se entrelazan con enfoques de abordaje desde la seguridad nacional, sobreponiendo por encima de los derechos humanos una falta administrativa como lo es encontrarse en situación migratoria irregular.

  1. RECHAZO A DISCURSOS Y ACCIONES RACISTAS, XENÓFOBAS, MACHISTAS Y DISCRIMINATORIAS

La RROCM rechaza y condena las declaraciones difundida durante la campaña presidencial en Estados Unidos de América, por su contenido racista, xenófobo, machista y discriminatorio. Estas declaraciones no reflejan el compromiso de este país en la lucha contra la discriminación, así como los desarrollos internos plasmados en la legislación y las decisiones judiciales con  elementos positivos relevantes en materia de discriminación, incluyendo las medidas de acción afirmativa.

Es indudable la importancia de las relaciones económicas y sociales de la región con Estados Unidos de América, pero ese valor, no debe evadir los efectos de tales declaraciones pues  anuncian la deportación masiva de ciudadanos de nuestros terruños, asunto  que elevaría las cifras de deportados a un nivel inmanejable administrativa y financieramente para los países de Honduras, Guatemala y El Salvador.

Por tal razón,  exhortamos a la CRM actuar como región y a hacer un llamado a utilizar un lenguaje no discriminatorio, que destaque las contribuciones de los migrantes en los países de origen, tránsito  o destino, así como la importancia de mantener y continuar desarrollando esfuerzos conjuntos hacia la protección y garantía de los derechos humanos de las personas migrantes.

Así mismo, hacemos un llamado a la administración saliente en los Estados Unidos con el propósito de tomar medidas extraordinarias para proteger a las personas migrantes que se acogieron a los programas de acción diferida para personas cuyo ingreso fue siendo niños [2] y del estatuto temporal protegido[3], a fin de evitar el riesgo de ser identificados y sancionados con una deportación, como consecuencia del cambio de gobierno.

Es particularmente importante en ese contexto, evitar se establezca el antecedente de aplicar medidas regresivas y perjudiciales en una situación de un cambio de gobierno, entre las personas migrantes que se acogen a medidas de protección temporal, corran el riesgo Este sería un antecedente negativo con  alcances regionales y globales.

  1. PLAN ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD

El Plan de la Alianza para la prosperidad, construido y negociado por los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras con los Estados Unidos de América, propuso dar respuesta estructural al acelerado crecimiento en la salida de niñas, niños y adolescentes no acompañados hacia los Estados Unidos. Este es un ejemplo de los alcances y potencialidades de un enfoque de responsabilidad compartida.

Los diálogos nacionales para la construcción de la propuesta regional incluyeron en algunas consultas  a organizaciones de sociedad civil afines al enfoque político-empresarial, sin tomar en cuenta las voces de organizaciones de sociedad civil vinculadas con las personas migrantes o retornadas, e inclusive sin participación de las mismas personas migrantes y sus familiares, en el origen y destino. Afortunadamente, en la implementación del mismo, observamos iniciativas nacionales para integrar a estas organizaciones en los Consejos Consultivos del Plan de Alianza, una buena práctica que RROCM requiere se generalice en Guatemala y El Salvador.

Ante la precaria capacidad de gestión presupuestaria de los países de origen, vemos con preocupación que este Plan se pretenda constituir en Planes de Nación, orientando el quehacer de Estados centroamericanos hacia un rumbo el cual no necesariamente privilegia a las poblaciones más desfavorecidas y en específico a personas migrantes y sus familiares.

Preocupa por otro lado, el hecho que los aportes para el Plan sean fondos ya existentes del gasto corriente o de montos de cooperación del gobierno de Estados Unidos designados a programas vigentes[4], lo cual al final indica la preeminencia del enfoque de control y seguridad por sobre la atención a los factores expulsores o favorecedores de la migración.

Si bien existen fondos frescos para programas de desarrollo, vemos como una oportunidad que estos programas se implementen a partir de las necesidades de sus comunidades mayoritariamente expulsoras y receptoras de migrantes.

Solicitamos como RROCM:

  • Asignar los nuevos fondos entregados por los Estados Unidos de América, a programas y proyectos de desarrollo integral para la generación de oportunidades y se focalicen en las causas de la migración y partan desde las necesidades en consulta con las comunidades de origen.
  • Incorporar mecanismos específicos de monitoreo y evaluación independientes e imparciales incluyente de voces de la sociedad civil, para evidenciar sus resultados con transparencia.
  • Garantizar el acceso público a los informes, procesos y procedimientos relacionados a la ejecución de los programas y proyectos.
  • Demandamos ampliar los espacios de diálogo o Comités de Consulta, Monitoreo y Evaluación, incluyendo a las organizaciones de sociedad civil, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de migrantes y sus familiares exterior.
  • Instamos al gobierno del Presidente Obama a hacer los desembolsos de los recursos comprometidos antes de que termine su mandato.
  1. GÉNERO

Consideramos que las inequidades de género son extremadamente palpables en la migración.

Proponemos que, dentro del marco de la CRM, se genere un proceso de construcción de estrategias y medidas concretas, enfocadas a eliminar dichas inequidades[5].

Para lo cual se deberán tomar en cuenta:

  • Transversalizar la perspectiva de género;
  • Incorporar el concepto de diversidad al enfoque de igualdad de género;
  • Empoderar a las personas.
  1. CIDH Y CORTE IDH

En relación a la crisis presupuestaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la RROCM insiste en: a) reconocer la valiosa oportunidad de apoyo regional en la  incidencia desde la CIDH, particularmente en el contexto antagónico de  la nueva administración en los Estados Unidos de América y b) ante esta situación vemos con mucha preocupación, cómo la crisis presupuestaria de la CIDH, afectará la capacidad de ejecutar su mandato regional de tutela y promoción de los derechos humanos. Por tanto, pedimos a los países miembros de la CRM, que públicamente reconozcan la importancia del sistema interamericano y apoyen apropiadamente su funcionamiento.

La RROCM hace un llamado a los Estados miembros de la CRM a contribuir económicamente con el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos.

  1. FORTALECIMIENTO DE LA CRM

La RROCM considera necesario avanzar en la responsabilidad compartida mediante:

  • Fortalecer los espacios de diálogo y mecanismos de coordinación entre gobiernos, sociedad civil y otros actores vinculados al tema, para la implementación de la agenda nacional y regional.
  • Mantener el diálogo al más alto nivel político, que a su vez promueva acciones técnicas y jurídicas vinculantes para atender las realidades.
  • Abordar los mecanismos de seguimiento de los acuerdos, el análisis de los vacíos y avances en la implementación de la agenda, en el corto, mediano y largo plazo.
  • Fortalecer las acciones de seguimiento a la aplicación de los compromisos que se establecen en las reuniones del grupo regional de consulta.
  1. SOCIEDAD CIVIL Y RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

La responsabilidad compartida gira en torno a la idea de proteger y garantizar los derechos humanos, siendo ésta una responsabilidad de los Estados. En consecuencia, la responsabilidad compartida es en primer lugar entre Estados.

El rol principal de la sociedad civil es la asesoría y auditoría social a los Estados para la buena práctica del cumplimiento de su deber de garantía y protección de los derechos humanos. La sociedad civil ratifica su ofrecimiento de acompañar a los Estados en la atención y protección a las personas migrantes y refugiadas, así como a las víctimas de trata. Para ello, la sociedad civil requiere de fondos y recursos, que deben ser asignados por los Estados y la cooperación internacional, respetando su autonomía.

Sin embargo, es necesario construir un nuevo paradigma sobre las dinámicas migratorias y sus manifestaciones; lo anterior, requiere consensuar con la sociedad civil para reposicionar en las migraciones y el trato brindado teniendo como centro a las personas migrantes.

Más allá de las formalidades, de los espacios, de las ópticas y perspectivas jurídicas, el aporte de la sociedad civil es visibilizar a los seres humanos, gracias a la aproximación emocional de nuestra labor cotidiana con los sujetos. La sociedad civil acompaña a los migrantes como personas, les brinda un tratamiento humano y personalizado. Ese es el aporte fundamental de la sociedad civil.

Desde las organizaciones de sociedad civil, reconocemos el esfuerzo realizado para promover el diálogo a favor de la identificación de preocupaciones comunes y esfuerzos complementarios que se pueden realizar teniendo como centro la garantía y goce de los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugio, refugiadas y apátridas.

Reconociendo la importancia de la CRM como espacio de diálogo entre gobiernos, agencias intergubernamentales, del Sistema de Naciones y de la sociedad civil para el abordaje de las migraciones, asilo, refugio y apatridia, mediante el debate de protección consultar, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, y niñez migrante no acompañada;  observamos que la realidad, contextos y dinámicas actuales han superado el esfuerzo y temáticas priorizadas por los gobiernos.

Reconocemos que este espacio ha facilitado la construcción de lineamientos regionales para la protección y repatriación de personas vulnerables, NNA víctimas de trata, NNA no acompañados, mecanismos multi/bilaterales entre los países para el retorno de migrantes regionales. Sin embargo se hace necesaria la revisión de estos lineamientos tomando en cuenta que la región, sobre todo Centroamérica y México, están teniendo dinámicas de movilidad marcadas por la inseguridad y empobrecimiento de las poblaciones.

Si bien existen buenas prácticas de coordinación y referencia para la atención de personas migrantes, solicitantes de asilo, refugio y apátridas a nivel nacional entre gobiernos y sociedad civil, vemos con importancia elevar a nivel regional una agenda mucho más amplia de diálogo que desencadene acciones de cooperación entre gobiernos y sociedad civil que promueva el fortalecimiento de la institucionalidad nacional responsable de atender estas temáticas.

En el marco del diálogo proponemos aprovechar la confianza ya generada entre sociedad civil, agencias de cooperación y gobiernos para seguir articulando esfuerzos conjuntos, enmarcados  en un dialogo sincero, horizontal y respetuoso identificando elementos, contextos, situaciones a nivel nacional y regional claves para el abordaje de las migraciones desde una perspectiva de derechos humanos y desarrollo.

En relación al procedimientos, prácticas e interpretación del Interés Superior del Niño, proponemos la construcción de agendas de trabajo concretas y estrategias conjuntas entre sociedad civil, agencias de cooperación y gobiernos, partiendo de espacios actuales de coordinación, diálogo, acciones y programas inclusivos de la perspectiva de la niñez migrante, determinando responsabilidades y recursos que permita la sostenibilidad de los mismos y de la sociedad civil. Es decir, necesitamos trascender la coordinación y pasar a una agenda de trabajo conjunto pero concreto con instrumentos  factibles de monitoreo.

En relación al abordaje de los programas de reintegración e integración propuestos desde la CRM, proponemos seguir discutiéndolos en función de generar intercambios y esfuerzos conjuntos para su implementación.  Hacemos un llamado a considerar en estos programas a las personas desplazadas al interior del país, a veces  forzado por la violencia o por desastres, ya que también deben ser sujetas de atención y protección. Proponemos incorporar al programa de reintegración e integración el enfoque de trabajo desde y con las comunidades en plena  coordinación con ministerios y entidades de atención, protección y servicios. Es decir, resulta indispensable ir más allá de la atención humanitaria individual para construir programas de reintegración articulados con las comunidades.

Invitamos a la construcción de un mecanismos de monitoreo de cumplimiento de acuerdos entre la CRM y la sociedad civil, a partir de  la construcción de planes de trabajo anuales; y  se propone que ambos procesos sean liderados por la PPT, ST RROCM, ST CRM, teniendo una periodicidad de monitoreo a través de reuniones e informes trimestrales, ya sean físicas o virtuales.

Solicitamos a la CRM abra la participación de la sociedad civil en todos los temas y grupos ad hoc existentes, ampliando a temas  como: poblaciones extra regionales, extra continentales, trabajadores migratorios, solicitantes de asilo refugio, refugiados, y protección consular.

 

[1] Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, la Convención para Reducir los Casos de Apatridía de 1961, así como de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de 1990, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer de 1979, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000 y sus Protocolos para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, y contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire (Protocolos de Palermo).

[2] DACA en inglés

[3] TPS en inglés

[4] CARSI, Programa de financiamiento para fuerzas militares, IMET, educación y capacitación para fuerzas militares, INCLE control narcóticos y aplicación de la ley

[5] Por ejemplo, en la evaluación de solicitudes migratorias o de protección, se debe definir e implementar lineamientos que reconozcan la orientación sexual y auto-identificación de género.