La Crisis de la Migración en el Mundo. Desafíos Pastorales

Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes
Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM

 

Seminario Latinoamericano sobre Migración, Refugio y Trata de Personas

(Tegucigalpa, 14 de Septiembre de 2016)

Gabriele Bentoglio

Misionero de San Carlos – Scalabriniano

Sub-Secretario del Pontificio Consejo
para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes

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Excelencias, estimados amigos y amigas,

Me siento feliz por estar con ustedes para esta intervención en la apertura del Seminario Latinoamericano sobre Migración, Refugio y Trata de Personas y les traigo los saludos del Em.mo Card. Antonio Maria Vegliò, Presidente del Pontificio Consejo de la pastoral para los migrantes e itinerantes. Su invitación, dirigida a nuestro Dicasterio, es motivada por la común solicitud por la cuestión de las migraciones, que se volvió la realidad estructural de nuestro tiempo, “es un fenómeno que impresiona por sus grandes dimensiones, por los problemas sociales, económicos, políticos, culturales y religiosos que suscita, y por los dramáticos desafíos que plantea a las comunidades nacionales y a la comunidad internacional”, como escribía Papa Benedicto XVI en la Encíclica “Caritas in Veritate”, en el n. 62.

Recientemente, con la Declaración en conjunto, firmada en Lesbos el pasado 16 de abril de este año, el Papa Francisco, el Patriarca Bartolomeo e Ieronymos dijeron que:“la opinión mundial no puede ignorar la colosal crisis humanitaria originada por la propagación de la violencia y del conflicto armado, por la persecución y el desplazamiento de minorías religiosas y étnicas, como también por despojar a familias de sus hogares, violando su dignidad humana, sus libertades y derechos humanos fundamentales. La tragedia de la emigración y del desplazamiento forzado afecta a millones de personas, y es fundamentalmente una crisis humanitaria, que requiere una respuesta de solidaridad, compasión, generosidad y un inmediato compromiso efectivo de recursos”.[1]

Estas palabras denuncian una herida abierta en el costado de la humanidad, una herida que no para de crecer. La solicitud de la Iglesia por los prófugos, los refugiados y los migrantes por una parte fue, y permanece, una afirmación del derecho a la vida, a la paz, a la protección y a la asistencia; por otro, manifiesta una acción caritativa y solidaria.

En efecto, la misión de la Iglesia se dirige según dos líneas fundamentales: por un lado socorre a cualquiera que se encuentre en necesidad, mediante intervenciones de respuesta a las emergencias, con ayudas materiales y concretas; por otro, es atenta a salvaguardar el crecimiento de la fe, de la esperanza y de la caridad en las personas que acogen el anuncio del Evangelio y lo proclama a quien todavía no lo conoce.

Para la Iglesia, por lo tanto, la migración no es un simple fenómeno social, sino un importante campo de compromiso para verificar la fidelidad a su misión. De hecho, si las causas de las migraciones son varias, siempre, sin embargo, es la persona humana a ser envuelta en todos sus componentes existenciales.

Con esta intervención, me fue pedido que pusiera a la luz los desafíos pastorales provocados por la crisis de las migraciones a nivel mundial.

  1. Respeto a la persona humana

En el mundo actual existen movimientos migratorios que corresponden a la categoría de migraciones forzadas y otros de migraciones económicas, y todos somos involucrados en ellos, si bien es cierto que es la Comunidad internacional la que se ocupa de esto, poniendo en juego todos sus mecanismos de protección. La del migrante y del refugiado, en efecto, es una situación que se refiere a la condición jurídica del extranjero que vive en un Estado, pero específicamente afecta a los impedimentos, las leyes, las políticas y, en lo general, las actitudes de los gobiernos que pueden limitar o impedir esa presencia. En estas situaciones el tema de los derechos humanos se manifiesta en todas sus dimensiones y perfiles: desde aquella estructural de los derechos civiles y políticos hasta aquella más articulada y problemática relacionada a los derechos económicos, sociales y culturales.

En un mundo globalizado, mientras cada vez más se registra una abertura de las fronteras a la dimensión económica (capitales, comercio, servicios financieros…), aún aparecen restricciones, muros y barreras que no ayudan a los procesos de desarrollo, crecimiento económico y estructural ni a una dimensión humana tutelada. Es decir, no contribuye a la solución de las causas del fenómeno de la movilidad humana en su perfil migratorio, con grupos vulnerables obligados a dejar sus propias tierras por causa de las negativas condiciones de vida, de libertad, de seguridad, de persecución y guerras o de las necesidades socio-económicas, es decir por causa de una inestabilidad humanitaria.

La Comunidad internacional reconoce la existencia de un catálogo de derechos imprescriptibles (core rights) que cada Estado está obligado a reconocer en cada persona: estos son, prescindiendo de la falta de respeto de las normas de ingreso a un país, el derecho a la vida, a la salud, de no ser objeto de esclavitud, de no ser detenido arbitrariamente y de no ser objeto de tratos inhumanos o degradantes.

Todos, sin embargo, se encuentran en el llamado estándar mínimo aplicable a los distintos momentos de la situación de la persona migrante: ingreso al territorio de otro Estado, permanencia, integración laboral, pero también alejamiento o expulsión. Constituyen el centro del estándar mínimo de protección las normas consuetudinarias, empezando por aquellas que tutelan los derechos fundamentales: es el caso del principio del non refoulement, es decir el rechazo de la persona forzada a dejar su país por motivos de violencia que amenace su vida.

En la base de todo esto está la tutela de la dignidad de la persona humana. Incluso en la pastoral de la Iglesia, cuando se trata de las migraciones, encuentra lugar una justa reflexión sobre un conjunto de deberes y de derechos, primero entre ellos el derecho al desplazamiento migratorio,[2]al mismo tiempo se corrobora el derecho de todo País de practicar una política migratoria que corresponda al bien común[3] nacional, pero también teniendo cuenta del universal. También es un derecho la decisión de no emigrar, para contribuir en el desarrollo del País de nacimiento[4] y “tener la posibilidad de realizar los propios derechos y exigencias legítimas en el país de origen”.[5] Obviamente, este proceso debería incluir, en su primer nivel, la necesidad de ayudar a los esfuerzos de los Países en vías de desarrollo, confirmando que “el derecho primero del hombre es el de vivir en su propia patria”.[6]

Así se confirma que la solidaridad, la cooperación, la interdependencia internacional y la igual distribución de los bienes de la tierra son elementos fundamentales para obrar en profundidad y de forma incisiva sobre todo en las áreas de partida de los flujos migratorios, de tal manera que cesen aquellas descompensaciones que inducen a las personas, de forma individual o colectiva, a abandonar el propio ambiente natural y cultural. Por cuanto las migraciones puedan ser útiles o hasta necesarias para los Países necesitados de mano de obra, es incontestable que ocurra una política que busque prevenir el fenómeno migratorio incentivando el desarrollo económico de los Países de origen de los flujos migratorios. En todos los casos, es necesario terminar, posiblemente desde el nacimiento, las fugas de los prófugos y los éxodos provocados por la pobreza, por la violencia y por las persecuciones.

  1. La Convención sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de los miembros de sus familias

En estos años del comienzo del tercer milenio, se ha registrado un aumento del número de migrantes, en el que a menudo las estadísticas incluyen también a los refugiados y a los desplazados. Los flujos migratorios están determinados por causas comunes de las distintas áreas continentales o geopolíticas: desde las catástrofes naturales, los conflictos o la pobreza hasta la más amplia violación de los derechos fundamentales. Desgraciadamente, todas estas causas impiden que sea garantizado el derecho a no emigrar y, por otra parte, ninguna persona puede ser forzada a permanecer contra su propia voluntad en un País que limita su libertad y pone en riesgo su propia vida.

Por ello, las naciones democráticas modernas, que se inspiran en la Carta de los derechos del hombre, en la libertad de emigrar deberían acompañar el derecho de asilo, para concederle a todos aquellos que son privados o impedidos en el ejercicio efectivo de las libertades.

Teniendo en cuenta este amplio escenario mundial, desde el momento en que el número creciente de Países, si no es que todos, están interesados en el fenómeno migratorio, resulta imprescindible la adopción de una posición multilateral por parte de los Estados. Se nota, de hecho, que no pocos Países, en las áreas mayormente desarrolladas del mundo, están actuando una progresiva política de cerrazón, cuando al contrario las naciones más pobres dan prueba de acogida, por ejemplo delante de la confrontación de los prófugos.

Por fortuna, frente al aumento de migrantes y refugiados, el derecho internacional ha dado una respuesta concerniente al trato de los extranjeros y aplicando las disposiciones de convenciones particulares como la del estatus de refugiado o la de la condición de los apátridas.

Sin embargo, una intervención específica ha sido llevada a cabo por las Naciones Unidas con la elaboración de la Convención sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de los miembros de sus familias, adoptada el 13 de diciembre de 1990 y en vigencia a partir del 1 de enero de 2003.[7] La limitada adhesión a esta Convención puede explicarse por falta de una “cultura del encuentro, de la acogida”, como denunció muchas veces el Papa Francisco. Se espera por ello una adhesión más grande, responsablemente adoptada sobre todo por los Países, hasta hoy ausentes, que mayormente están envueltos en las cuestiones migratorias, como áreas de proveniencia, de tránsito o de destino de los migrantes.[8]

Es cierto que la finalidad a la que tiende la Convención es que el migrante tenga los derechos fundamentales necesarios, como también que tenga los derechos que deriven de su condición laboral, independientemente de su situación regular o irregular; en esta perspectiva encuentran fundamento, por ejemplo, el igual trato con los ciudadanos delante de las cortes de justicia y de los tribunales (art. 18) o la protección frente a la amenaza de alejamiento o de expulsión arbitraria con la previsión de que toda persona, en tal situación, tenga derecho a ser escuchado por un juez y por lo tanto protegido de las decisiones ilegales o arbitrarias (art. 22). Como situación específica, además, se recuerda la prohibición de recurrir a expulsiones colectivas, imponiendo un examen caso por caso (art. 22.1), además de los deberes de los Estados interesados de cooperar para adoptar, frente a situaciones irregulares, medidas conjuntas para estabilizar la acogida o estructurar legalmente la repatriación. (art. 67-68).

Un segundo matiz muestra que esta Convención está caracterizada por una idea de fondo: los migrantes deben poder beneficiarse de los derechos fundamentales incluso si sus situaciones legales parecen inciertas o hasta irregulares, como prevé el art. 5.b., que considera migrantes también a aquellos que “no tengan documentos o se encuentren en una situación irregular”.

  1. Trata y tráfico de personas

La situación que se ha determinado en los últimos años ha puesto en evidencia el fenómeno de la inmigración irregular, a la que se une el contrabando de migrantes (smuggling), una actividad considerada desestabilizadora y no solamente por las situaciones internas de los Estados, sino también por la dimensión jurídica internacional que vuelve a despertar preocupaciones y atenciones ligadas al respeto de los derechos humanos. Son fenómenos internos, pero con causas transnacionales desde el punto de vista jurídico, económico y social como muestra el tráfico vinculado a las organizaciones criminales que eluden los controles estatales al ser estructuradas de modo deslocalizado o al operar sin un efectivo y posible control internacional.

Una aclaración necesaria concierne al significado que el ordenamiento internacional reserva al contrabando de migrantes o trata de personas. En primer lugar subraya las diferencias respecto al tráfico de seres humanos o a la trata de esclavos. A diferencia del tráfico de seres humanos, en el smuggling el migrante participa del comportamiento antijurídico o de la conducta fraudulenta y en ello se apoya la atención de los Estados para protegerse de la inmigración irregular y no garantizar los derechos fundamentales. Todo esto es en la teoría, ya que en la práctica es difícil hacer una distinción entre smuggling, traffiking o threat: por ejemplo para pagar el transporte ilícito, los clandestinos se ven “obligados” a trabajar para organizaciones criminales a las que pertenecen los traficantes, generalmente en condiciones vejatorias o de explotación. Se pasa, entonces, del smuggling al traffiking.

El Protocolo contra el smuggling prevé, en caso de migrantes víctimas de contrabando, que el Estado de llegada respete su privacidad, les informe acerca de las herramientas de tutela judicial prevista, asegurando la relativa asistencia y ofrezca el necesario apoyo para una asistencia psicológica, física, social (art. 6) y además permita la permanencia en base a criterios humanitarios (art. 7).

En fin, puede considerarse el derecho del mar, codificado en la Convención de Montego Bay que obliga al Estado de bandera de los barcos utilizados para el contrabando de migrantes a que actúen a favor de la seguridad en el mar (art. 94), o prevean el uso de la bandera (art. 99) además de las generales obligaciones de cooperación interestatal.

  1. La doctrina de la Iglesia no descuida ningún aspecto de las migraciones

Que se trate de permanecer en el territorio de origen o de emigrar, sobre el tema de la promoción y de la tutela de la persona, con particular solicitud en el ámbito pastoral, la Iglesia está continuamente comprometida en varios niveles para enfrentar a lo numerosos desafíos que se le presentan delante. Iniciativas específicas y Mensajes del Santo Padre, actividades de sensibilización de los Organismos internacionales y de los Gobiernos de los Países de origen, de tránsito y de acogida de los migrantes, delinean la estrategia de la Iglesia, a partir de la centralidad y de la sacralidad de la persona humana, sobretodo en caso de vulnerabilidad y marginalización.[9] Por esta razón, la Iglesia es extremadamente atenta a la acogida y al acompañamiento de todos los migrantes, y esto de manera especial cuando, junto con los flujos migratorios regulares, se registran también los irregulares, que no raramente son víctimas de explotación y de abuso. La presencia, luego, de malvivientes sin escrúpulos, que especulan sobre las tragedias de las personas y favorecen el tráfico de seres humanos, alimenta la xenofobia y provoca, a veces, expresiones de racismo. Por ello el Magisterio insiste en la urgencia de ejercitar un severo control y poner en acto medidas eficaces de contraste en las confrontaciones de aquellos que trafican seres humanos.

Todas las formas de tráfico deben ser condenadas: tanto la que se fundamenta en la amenaza, en la coacción o en el fraude, cuanto el tráfico de personas que ya viven en condiciones de esclavitud y la de personas que, aparentemente concientes, de hecho son víctimas de estafas con el fin de explotar, ya sea en el ámbito laboral como en el sexual.

De todas maneras, ocurre una posición igual también hacia los migrantes irregulares, que corren el riesgo de verse negados hasta sus derechos fundamentales inherentes en la dignidad de la misma persona. Algunas veces, de hecho, inmigración y criminalidad fueron conjugadas como equivalentes por parte de algunos Gobiernos y/u hombres políticos. Es necesario, al contrario, tener en cuenta que los migrantes irregulares, con número siempre creciente de mujeres y menores, viven en condiciones muy peligrosas y a veces deshumanas. Cuando los Gobiernos ponen en acto – y es el caso de hoy – formas legales restrictivas en la reglamentación de los flujos migratorios, eso, de hecho, afectan también a aquellos que mayormente tienen necesidad de protección y están en busca de soluciones para la miseria y la injusticia social de sus Países de origen.

En todos los casos, la solicitud pastoral de la Iglesia se manifiesta sobretodo dando voz a quien no puede hacerse escuchar. En el ámbito de las migraciones, la acción pastoral de la Iglesia no puede descuidar algunas tareas importantes, entre las cuales podemos enumerar las siguientes: confirmar que el derecho de los Estados en la gestión de la emigración debe prever medidas claras y factibles de ingresos regulares en el País; que los Estados tienen la tarea de vigilar sobre el mercado del trabajo para obstaculizar a aquellos que explotan a los trabajadores migrantes; que sean puestas en acto medidas de integración cuotidiana; que sean contrastados comportamientos de xenofobia y que sean promovidas aquellas formas de convivencia social, cultural y religiosa que toda sociedad plural exige. Y cuando el Estado debe ejercitar su deber-derecho de garantizar la legalidad, reprimiendo la criminalidad y la delincuencia y gestionando las personas en situaciones irregulares, lo debe siempre hacer en el respeto de la dignidad de la persona, de los derechos humanos y de las convenciones internacionales.

  1. La pastoral de la Iglesia está atenta a favorecer los procesos de integración

Se trata, luego, de una impostación sensible a una cuestión de notable relevo, es decir que el difícil concepto de integración, en las sociedades de acogida de los migrantes, no debe coincidir con el proceso de asimilación pero pone en evidencia el encuentro y el intercambio cultural legítimo. En práctica, la solicitud pastoral de la Iglesia promueve la creación de sociedades inter-culturales, capaces de intercambiar los valores, además del multiculturalismo, que se puede contentar de una mera yuxtaposición de las culturas.[10]

Así, por lo tanto, la acción pastoral de la Iglesia hoy se encuentra de frente al desafío de prever sobre todo “la actividad de asistencia o «primera acogida» (por ej., las «casas de los emigrantes», especialmente en los países de tránsito hacia los países receptores), para responder a las emergencias que conlleva el movimiento migratorio: comedores, dormitorios, consultorios, ayuda económica, centros de escucha”.[11]

Pero esto no es suficiente para expresar la auténtica vocación al ágape cristiano, por el hecho de que puede ser confundido con la simple filantropía. Por ello es importante prever un horizonte más amplio, con “intervenciones de acogida propiamente dicha, para lograr una progresiva integración y autosuficiencia del extranjero inmigrante”.[12]

Todo aquello, en definitiva, declina cuando Benedicto XVI de forma sintética afirmó que “la Iglesia (…) ofrece, en varias de sus Instituciones y Asociaciones, aquella advocacy que se hace cada vez más necesaria. Se han abierto, para tal fin, centros de escucha para migrantes, casas para su acogida, oficinas de servicios para las personas y las familias, y se han puesto en marcha otras iniciativas para satisfacer las crecientes exigencias en este campo”.[13]

Papa Francisco, en la Encíclica Laudato si’, retomó estos temas, sobretodo poniendo en relieve que los cambios climáticos y los nuevos sistemas de producción son destinados a tener siempre más repercusiones sobre el fenómeno de las migraciones, impidiendo a los más pobres de permanecer en sus territorios de origen y obligándolos a buscar otros espacios más idóneos para vivir: “Es trágico – escribe Papa Francisco – el aumento de los migrantes huyendo de la miseria empeorada por la degradación ambiental, que no son reconocidos como refugiados en las convenciones internacionales y llevan el peso de sus vidas abandonadas sin alguna protección normativa”.[14] Luego, retomando a Benedicto XVI, también Papa Francisco recomendó la presencia de una “Autoridad política mundial” para garantizar la protección del ambiente y para reglamentar los flujos migratorios: “En esta perspectiva, la diplomacia adquiere una importancia inédita, en orden a promover estrategias internacionales que se anticipen a los problemas más graves que terminan afectando a todos”.[15]

  1. El paso hacia nuevas adquisiciones

La madurez de una visión eclesial y pastoral, en el contexto de las migraciones, fue gradual. Brevemente, recordamos que el Magisterio de la Iglesia codificó su compromiso a partir de la intuición profética de Pío XII, que se expresó en la Constitución Apostólica Exsul Familia,[16] de 1952, hasta hoy considerada la magna charta del pensamiento de la Iglesia sobre las migraciones.

Pablo VI, luego, en continuación y aplicando las enseñanzas del Concilio Ecuménico Vaticano II, en 1969 emanó el Motu propio Pastoralis migratorum cura,[17] promulgando la Instrucción de la Congregación para los Obispos Nemo est (denominada también De pastorali migratorum cura).[18] En 1978, realizó en seguida – elaborada por la Pontificia Comisión para la Pastoral de las Migraciones y del Turismo – la Carta circular a las Conferencias Episcopales Iglesia y movilidad humana.[19] En 2004, el Pontificio Consejo de la Pastoral para los Migrantes y los Itinerantes publicó la Instrucción Erga migrantes caritas Christi (EMCC), entendiendo actualizar los pronunciamientos precedentes del Magisterio. En fin, entre otros documentos, vale la pena mencionar el publicado en 2013 y que tiene como título Acoger a Cristo en los desplazados forzosos.[20] Muchas referencias, de cualquier manera, se encuentran en las Encíclicas sociales de los Pontífices, en sus discursos y mensajes, además de las varias intervenciones de los Dicasterios de la Curia Romana.

En el pensamiento reciente de la Santa Sede, de modo particular, se encuentra la atención a las continuas transformaciones del fenómeno de la movilidad y a las nuevas exigencias del hombre contemporáneo, queriendo “responder, sobre todo, a las nuevas necesidades espirituales y pastorales de los emigrantes”.[21]

Tenemos pues cuenta que la Iglesia ofrece su asistencia a todos sin distinción de confesión religiosa y de pertenencia cultural, respetando en cada uno la inalienable dignidad de la persona humana creada a imagen de Dios.

El Magisterio nota que la edificación de la sociedad, hoy y mañana, es una tarea compleja y transversal, que no puede ser delegada exclusivamente a la acción de los Gobiernos y de las fuerzas del orden. Hay la necesidad del compromiso convencido por parte de todos los actores políticos y sociales, partiendo de la certeza de que la acogida hacia hombres y mujeres nacidos en áreas del planeta menos desarrolladas responde a un deber de equidad, además de la oferta de un apoyo decisivo para garantizar a todos, contemporáneamente, desarrollo, seguridad y cohesión social.

Esta visión estaba ya bien clara en el Mensaje de Juan Pablo II para la Jornada mundial del migrante y refugiado de 1986, donde se lee una serie de puntos entre las adquisiciones precedentes del Magisterio de la Iglesia y los desafíos pastorales que hoy somos llamados a enfrentar. En el Mensaje, el Papa escribía que: “la participación libre y activa, a nivel de igualdad, con los fieles nacidos en las iglesias particulares, sin límites de tiempo y de restricciones ambientales, constituye el camino de la integración eclesial para los fieles inmigrantes. Tratándose de un proceso de autopromoción, es indispensable que estos hayan alivio para comprender y evaluar y sean asistidos en sus experiencias existenciales, en las maneras y en el estilo de su cultura fundamental, en el pluralismo de su identidad. Los fieles inmigrantes, en el libre ejercicio de sus derechos y deberes de estar en las Iglesias particulares plenamente en comunión eclesial y de sentirse cristianos y hermanos hacia todos, deben permanecer completamente ellos mismos en cuanto concierne la lengua, la cultura, la liturgia, la espiritualidad, las tradiciones particulares, para alcanzar la integración eclesial, que enriquece la Iglesia de Dios y que es fruto del realismo dinámico de la Encarnación del Hijo de Dios”.[22]

Por otra parte, el extranjero que atraviesa las fronteras tiene sed de relaciones nuevas y universales, haciendo actual el misterio de Pentecostés por el cual los cristianos del lugar, confrontados con una presencia “otra”, no pueden permanecer indiferentes. Los migrantes y el misionero que los acompañan obligan a las iglesias locales a “emigrar” de ellas mismas hacia la comunión y la universalidad. En la experiencia de una acogida auténtica, la presencia del emigrante se vuelve providencial para todos. Los operadores pastorales abandonan, por lo tanto, el espíritu protector para valorizar al emigrante como agente de misión y de católicidad. Esto exige una participación como protagonistas por parte de los migrantes en las varias estructuras de las iglesias locales, sino también el envolvimiento de todos los agentes pastorales, sacerdotes, religiosos y laicos.

No se trata más de la pastoral de conservación de una iglesia paralela, por el mutuo respeto y la tutela de la autonomía de cada uno, sino de una pastoral de formación-promoción que se propone instaurar un efectivo sentido de igualdad y de diálogo entre culturas y expresiones religiosas, posible sólo cuando cada uno es conciente de su identidad específica. Esto permite el pasaje del inmigrante de “objeto” de asistencia y protección a “sujeto” de cultura, capaz de ser él mismo sin asimilarse con la cultura mayoritaria de la populación local y sus comportamientos.

  1. Construir puentes, derrumbar muros

Hoy la pastoral migratoria se mueve entre la acción de guiar en la madurez a los migrantes y la de la animación de la iglesia de llegada: asume la función de puente y de unión entre iglesias. El operador pastoral apunta para volverse presencia activa en la iglesia local, sin con esto deber seguir servilmente el sistema pastoral local tradicional. Esta pastoral misionera resulta necesaria tanto para la comunidad de los migrantes cuanto para la comunidad indígena, incluso porque la parroquia territorial no parece estar en grado de ofrecer un espacio de expresión humana y espiritual al inmigrante y a los jóvenes de la segunda y tercera generación.

La fisionomía del operador pastoral asume hoy características totalmente nuevas: “figura clave en la iglesia local, el misionero consciente del papel en las ligaciones pastorales, haciendo que el inmigrante pueda comprender el nuevo ambiente eclesial, que se adapte y se sienta Iglesia con los otros. Es el hombre-puente entre dos culturas y dos mentalidades. Esta función postula en el operador pastoral la plena conciencia de que el suyo es un verdadero ministerio misionero, que exige la disposición de participar, permanentemente, o al menos con una cierta estabilidad, a la realidad migratoria”.[23]

La cuestión central no es más, por consiguiente, solamente la denuncia de los contrastes (autóctonos e inmigrantes, expresiones religiosas locales y expresiones religiosas importadas, colectividad mayoritaria y minoría étnica), sino también la descubierta de la naturaleza de la comunidad cristiana en el tejido real. El pedido de fondo no es más “cuál pastoral” y cuál “misión”, sino hacia “cuál Iglesia” se está encaminando y en cual Iglesia se quiere practicar la pastoral de la acogida. Queriendo recorrer las “fronteras del nuevo”, el acento se traslada del inmigrante hacia toda la Iglesia que debe cambiar. No se trata de preguntarse cual sea la alternativa entre parroquias y misión, entre misión y capellanía, entre capellanía y movimientos, entre parroquias y unidades pastorales, entre sacerdotes diocesanos y religiosos, entre padres y hermanas, entre padres y laicos, sino “cual forma de comunidad cristiana es deseada y es posible en el presente”.[24]

Solamente una gestión prudente y con una visión amplia de las diversas estructuras, que ya existen en la pastoral migratoria y que se pueden renovar o reinventar, puede ayudar hoy al misionero de los migrantes a superar la fase del “sentirse huéspedes”, para apuntar en el “sentirse en su propia casa” en la iglesia local; no forzados a estar, sino como comunidad “fermento”, levadura en la masa.

Los operadores pastorales en emigración continúan también hoy a tener una doble función: por una parte ellos son elementos de “disturbo” para la iglesia local, estimulada a una continua renovación; por otro lado, ofrecen una importante contribución en la construcción de la catolicidad de la iglesia particular.

Ellos son también motivados a no crear una iglesia paralela, una “pequeña isla” que se forma y se mantiene por causa de la “grande isla” cerrada y cautelosa, compuesta de la populación local. La única comunidad eclesial puede construir una auténtica comunión a partir de la colaboración en el proceder de señales tangibles de solidariedad internacional y de lucha contra las injusticias y los abusos, como la discriminación racial, la explotación, el tráfico de personas y de órganos, la tortura, etc.

En definitiva, hoy los operadores pastorales en emigración son interpelados a hacer propias las palabras de Benedicto XVI, que en el Mensaje por la Jornada mundial del migrante y del refugiado de 2012 escribió: “en el comprometedor itinerario de la nueva evangelización en el ámbito migratorio, desempeñan un papel decisivo los agentes pastorales – sacerdotes, religiosos y laicos –que trabajan cada vez más en un contexto pluralista: en comunión con sus Ordinarios, inspirándose en el Magisterio de la Iglesia, los invito a buscar caminos de colaboración fraterna y de anuncio respetuoso, superando contraposiciones y nacionalismos”.[25]

 

Consideraciones conclusivas

Frente a este cuadro, tan complejo en los contenidos como realista en la posible aplicabilidad, no son pocas las pistas de reflexión en las que puede recurrir no sólo la actividad internacional a nivel intergubernamental y de advocacy, sino también en una acción pastoral que quiera contribuir en las decisiones y en las políticas en el marco de la movilidad humana en nombre de una coherente subsidiaridad.

La cuestion está abierta: ¿Cómo, si no es a través del desarrollo en el territorio, puede controlarse el fenómeno migratorio? Se evitarían así conflictos y formas de discriminación no siempre controlables en términos de seguridad y de orden público.

Permanece en todo caso el objetivo primario que, como se ha visto, el derecho internacional y la pastoral de la movilidad humana persiguen: tutelar a la persona humana que se encuentra en la condición de migrante, de desplazado y de refugiado. Pero es evidente que sólo puede sustentar esta orientación el encuentro entre identidades distintas en el que es posible descubrir lo que pueda significar integración congruente, y no asimilación, más o menos forzada y destinada al fracaso.

Vivimos hoy irreversiblemente en una aldea global. La idea de globalización, o mundialización, provoca miedo en muchos, porque puede poner en cuestión la identidad y la dignidad de formaciones intermedias: de la familia, al Estado, a las diversas áreas culturales con su historia y sistemas de vida. Es inclusive verdad sin embargo que la globalización rinde posible la conciencia de una verdadera “familia humana”, de un bien común del género humano y la realización de un sistema de relaciones en el cual la solidaridad y la corresponsabilidad adquieren dimensiones verdaderamente universales, promoviendo y tutelando ya sea aquellos que hacen de todo para no emigrar como aquellos que, voluntariamente o forzadamente, enfrentan los caminos de la emigración. Es esta la aspiración y la grande tarea de la Iglesia, que quiere ser compañera de viaje de la entera familia humana y testigo del Evangelio delante de todos los pueblos.

En la pastoral de las migraciones todo cambia con sorprendente rapidez. Por una parte, hoy los flujos migratorios reproponen el mismo esquema trágico de las migraciones de los siglos XIX y XX; por otra, la realidad de hoy muestra un rostro más variado y más complejo. Asistimos a una tal mezcla de pueblos, de culturas y de religiones que alguien ha profetizado un inevitable “desencuentro de las culturas”. En efecto, aumentan en medida impresionante los prófugos y los que piden asilo, víctimas de las guerras, de la miseria y de los cambios climáticos. Nueva es la inmigración espesa de personas pertenecientes a religiones no cristianas en Países de antigua tradición cristiana. Crece la influencia de los movimientos carismáticos y de las sectas religiosas. Esto hace emerger el rostro heterogéneo de la convivencia humana, donde pueden surgir incomprensiones y tensiones. El fenómeno migratorio, al cual frecuentemente las instituciones están asistiendo con indiferencia e incapacidad de gestión, continúa denunciando la falta de equilibrio entre las diversas áreas del mundo, donde la disparidad de acceso a los recursos hace a los ricos siempre más ricos y a los pobres siempre más pobres. Acontece también a nosotros de ser espectadores de imágenes de tragedias y de sentirse incapaces de percibir el trabajo histórico de la nueva humanidad que se está plasmando bajo nuestros ojos, del cual la emigración constituye la parte más visible y que a todos exige concreta solidaridad.

Los misioneros de los migrantes continúan a ser llamados a la acogida, al reconocimiento de la dignidad humana y de los derechos inalienables de todas las personas, al respecto de las diferencias culturales y religiosas, a sensibilizar las instituciones para que se comprometan para promover el bien común: en una palabra, los misioneros tienen la difícil tarea de indicar el camino a ser recorrido en una sociedad que se proclama respetuosa de los derechos humanos, pero frecuentemente sólo de palabras. Los operadores pastorales, de hecho, pueden ofrecer un servicio específico en tal contexto: porque ellos son miembros de la Iglesia, que es por su naturaleza al mismo tiempo una y universal, explicándose en las varias Iglesias particulares, los misioneros pueden manifestar con su conducta de vida un modelo de unidad esencial en el respeto de las legítimas diversidades de las culturas.[26] Tal modelo de unidad en la diversidad es precisamente aquello que los operadores pastorales por los migrantes pueden ofrecer en la sociedad civil, del cual son parte integral.

En la justa colaboración con las otras instituciones religiosas y civiles, los misioneros para los migrantes se comprometen a servir a los pueblos en la construcción de una única familia humana, no sólo denunciando el grito que sale sin ser escuchado de las inmensas sequías de pobreza que todavía existen en el mundo, pero incluso en la conciencia de que “la Iglesia ha reconocido que la exigencia de escuchar este clamor brota de la misma obra liberadora de la gracia en cada uno de nosotros, por lo cual no se trata de una misión reservada sólo a algunos” (Evangelii gaudium, n. 188).

Por lo tanto, es un apelo a la responsabilidad personal, por el cual todos nos sentimos comprometidos para promover el bien común universal! Y el misionero, en esto, siente con el corazón de Cristo: “A veces se trata de escuchar el clamor de pueblos enteros, de los pueblos más pobres de la tierra, porque «la paz se funda no sólo en el respeto de los derechos del hombre, sino también en el de los derechos de los pueblos»” (Id., n. 190).

Para concluir, se debe reconocer que la migración es un proceso en constante evolución, que continuará a estar presente en el desarrollo de las sociedades. Está emergiendo, por lo tanto, un mondo inter-cultural, interpelado a vivir la legítima diversidad en el diálogo, incluso en ámbito ecuménico e interreligioso.

 

[1] El texto se puede leer en el site web de la Santa Sede, en el siguiente link: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2016/4/16/lesvos-dichiarazionecongiunta.html

[2]Ha de respetarse íntegramente también el derecho de cada hombre a conservar o cambiar su residencia dentro de los límites geográficos del país; más aún, es necesario que le sea lícito, cuando lo aconsejen justos motivos, emigrar a otros países y fijar allí su domicilio”: Juan XXIII, Pacem in Terris, n. 25: AAS LV, 1963, p. 263. Cfr. también Exsul Familia, n. 79; Gaudium et Spes, nn. 65 y 69; De Pastorali Migratorum Cura, n. 7; EMCC, n. 21.

[3] EMCC, n. 29.

[4] Cfr. Gaudium et Spes, n. 65; De Pastorali Migratorum Cura, n. 8; EMCC, n. 29.

[5] Juan Pablo II, Discurso al IV Congreso mundial de las migraciones (1998), Libreria Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano 1999, p. 9. En el marco de la Comunidad internacional, los derechos legales para el migrante derivan de algunas condiciones esenciales:

  1. el derecho de salir del territorio de su propio Estado, es decir el principio que todo individuo es libre de dejar cualquier país. Las previsiones de la normativa internacional son las del artículo 12 del Pacto sobre los derechos civiles y políticos que pone como limitación a la salida de su propio país las medidas de orden público o la seguridad nacional que, aunque en su generalidad, pueden volverse herramientas de discrecional limitación al ejercicio de los derechos. De la misma manera estos principios están presentes en el artículo 2 del Protocolo n. 4 en la CEDU, en el artículo 22 de la Convención interamericana de los derechos del hombre y en el artículo 12 de la Carta africana de los derechos del hombre y de los pueblos;
  2. el derecho al ingreso en otro país, un aspecto que presenta inmediatas restricciones relacionadas con el ejercicio de la soberanía que lleva a cada Estado a establecer las condiciones de ingreso, no teniendo el derecho internacional la capacidad de poner limitaciones a este ejercicio. Lo demuestra directamente la previsión del citado artículo 12 del Pacto que en el § 4 hace referencia al derecho de un “ciudadano” de poder regresar a su país, no a un derecho de la “persona”;
  3. el derecho de circulación en el interior del Estado de llegada, en el caso de salida e ingreso llevados a cabo en el respeto, como se ha dicho, de las normas y de los equilibrios adoptados por el Estado de ingreso. Cierto es que la referencia a la persona como titular de los derechos significa la aplicación de los derechos humanos en lo que se refiere a la estadía o la permanencia en un territorio, independientemente de los vínculos de ciudadanía, y constituye la base de la atribución de los derechos humanos al migrante o, mejor dicho, del reconocimiento de sus derechos.

[6] Juan Pablo II, Discurso al IV Congreso mundial de las migraciones (1998), Libreria Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano 1999, p. 9; EMCC, n. 29.

[7] Todavía cuenta con pocas ratificaciones o adhesiones – de momento 48 – sobre todo procedentes de países en vías de desarrollo y que presentan problemas de emigración y no de inmigración.

[8] En este contexto, el Mensaje de Benedicto XVI por ocasión de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado del 2007 afirmó que “La Iglesia anima la ratificación de los instrumentos legales internacionales propuestos para defender los derechos de los migrantes, de los refugiados y de sus familias”: OR 264, 44.406 – 15.XI.2006, p. 5. Papa Francisco, después, en su Mensaje para la misma celebración del 2014, recalcó que “La realidad de las migraciones, con las dimensiones que alcanza en nuestra época de globalización, pide ser afrontada y gestionada de un modo nuevo, equitativo y eficaz, que exige en primer lugar una cooperación internacional y un espíritu de profunda solidaridad y compasión. Es importante la colaboración a varios niveles, con la adopción, por parte de todos, de los instrumentos normativos que tutelen y promuevan a la persona humana. El Papa Benedicto XVI trazó las coordenadas afirmando que: «Esta política hay que desarrollarla partiendo de una estrecha colaboración entre los países de procedencia y de destino de los emigrantes; ha de ir acompañada de adecuadas normativas internacionales capaces de armonizar los diversos ordenamientos legislativos, con vistas a salvaguardar las exigencias y los derechos de las personas y de las familias emigrantes, así como las de las sociedades de destino» (Cart. enc. Caritas in veritate, 19 junio 2009, 62)”: People on the Move 119 (2013) p. 29.

[9] Véase por ejemplo, el Mensaje Pontificio para la Jornada Mundial de la Paz “La persona umana, cuore della pace”: OR 146, 44.429 – 13.12.2006, pp. 4-5.

[10] Los temas de este importante capítulo de la pastoral de la movilidad humana fueron profundizados y publicados en Pontificio Consejo de la Pastoral para los Migrantes y los Itinerantes (ed.), Migranti e pastorale d’accoglienza, (Quaderni Universitari Parte II), Libreria Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano 2006. Ver también G. Bentoglio (ed.), Sfide alla Chiesa in cammino. Strutture di pastorale migratoria, (Quaderni SIMI 8), Urbaniana University Press, Ciudad del Vaticano 2010.

[11] EMCC, n. 43.

[12] Ibidem.

[13] Benedicto XVI, “Messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2007”: OR 264, 15.XI.2006, p. 5.

[14] Francisco, Carta Enciclica Laudato si’, Tipografia Vaticana, Ciudad del Vaticano 2015, n. 25 e n. 134.

[15] Idem, n. 175.

[16] AAS XLIV, 1952, pp. 649-704.

[17] AAS LXI, 1969, pp. 601-603.

[18] AAS LXI, 1969, pp. 614-643.

[19] AAS LXX, 1978, pp. 357-378.

[20] Pontificio Consejo de la Pastoral para los Migrantes y los Itinerantes y Pontificio Consejo Cor Unum, Acoger a Cristo en los desplazados forzosos. Orientaciones pastorales, Tipografia Vaticana, Ciudad del Vaticano 2013.

[21] EMCC, n. 3.

[22] Juan Pablo II, “Mensaje para la Jornada mundial del migrante y del refugiado”, 16.07.1985.

[23] Enchiridion della Chiesa per le migrazioni, EDB, Bologna 2001, p. 49.

[24] S. Lanza, “Unità d’intenti prima che di strutture”, Vita Pastorale 6 (2002), p. 131.

[25] Benedicto XVI, “Mensaje para la Jornada mundial del migrante y del refugiado 2012”.

[26] Cfr. Juan Pablo II, Ecclesia in Europa, 28 junio 2003, n. 116.