Modificaciones a la Ley de Migracion. Ponencia Sr. Alberto Brunori.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala

Primer foro de discusión de las modificaciones a la Ley de Migración

Alberto Brunori, Representante de la OACNUDH en Guatemala

Ciudad de Guatemala, Congreso de la República, Salón del Pueblo

9 de noviembre de 2012

 

Diputado Felipe Alejos Lorenzana, Presidente de la Comisión de Migrantes

Distinguidas autoridades.

Señoras y señores,

 

Es un gusto para mí estar presente en este primer foro para la discusión de la iniciativa de Ley de Migración. Desde hace varios años, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha venido trabajando de la mano de distintas autoridades, del Congreso y de la sociedad civil con el fin de que Guatemala cuente con una ley que integre los estándares internacionales de derechos humanos relevantes en la materia.
En este sentido, la iniciativa que se presenta el día de hoy refleja un avance no sólo en el abordaje de la problemática de la migración, sino también en la inclusión de varios principios de derechos humanos y del derecho internacional de los refugiados.
 
Los derechos humanos reconocidos en los distintos instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos son aplicables a todas las personas, sin discriminación entre nacionales y extranjeros. La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en ella, sin distinción de ningún tipo, en particular de raza, color u origen nacional.” 
 
Sin embargo, el debate público sobre la migración se enmarca primordialmente en torno a temas de riesgo y control de fronteras, amenazas a la seguridad, la aplicación de la ley y la expulsión. Dicho enfoque puede tener un impacto profundo en la vida y la dignidad de los migrantes. En su paso por las fronteras, los migrantes se ven confrontados por la violencia, la discriminación, los malos tratos y las detenciones prolongadas, entre otras violaciones a los derechos humanos. Asimismo, son blanco fácil de redes de trata y tráfico de personas, e incluso muchos de ellos llegan a perder la vida.
 
Un elemento fundamental en esta discusión, y el cual rara vez es incluido, es la protección de la dignidad humana y de los derechos de todas las personas. En este sentido, el Estado de Guatemala ha contraído ciertas obligaciones a partir de la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Decreto 9-92), la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Decreto 52-89), la Convención sobre los Derechos del Niño (Decreto 27-90) y la Convención Internacional sobre los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias (Decreto 61-97). Estas han sido complementadas con otros estándares internacionales relevantes, interpretados en particular a la luz de las Observaciones Generales del Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura y el Comité de los Derechos del Niño y de sus dictámenes finales sobre casos individuales.
 
Por su parte, la Convención Internacional sobre los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias, aprobada en 1990 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificada por Guatemala en 2003, reitera derechos ya reconocidos en otros instrumentos internacionales, aplicados a los trabajadores migratorios y a sus familiares. Debe ser aplicada en todos los momentos del proceso de migración, que comprende desde la preparación para la migración, la partida, el tránsito y todo el período de estancia y de ejercicio de una actividad remunerada en el Estado de empleo, así como el regreso al Estado de origen o al Estado de residencia habitual.
 
La Convención hace hincapié en el vínculo entre la migración y los derechos humanos, reconoce las vulnerabilidades específicas de los trabajadores migrantes y ofrece orientación sobre las políticas nacionales de migración. También supone la consolidación de un marco legal más completo, donde se consagran garantías civiles, políticas, económicas, sociales y culturales, incluyendo la protección contra violaciones tales como la expulsión ilegal, la detención arbitraria, y la confiscación no autorizada de los documentos de identidad de los trabajadores migratorios y de sus familias.
 
A fin de dar cumplimiento con lo establecido en la Convención, Guatemala debe tomar todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales y de cualquier otra índole, necesarias para promover, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes que se encuentren bajo su jurisdicción, independientemente de su estatus migratorio. En este sentido, tanto el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, creado para velar por el cumplimiento de la Convención, así como el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, después de su visita a Guatemala en 2008, han emitido una serie de recomendaciones al Estado guatemalteco. Estas incluyen principalmente la revisión y aprobación de legislación acorde con los instrumentos internacionales de derechos humanos.
 
La iniciativa de Ley de Migración presenta un avance importante en el abordaje del tema migratorio a nivel nacional. Al incluir principios fundamentales de derechos humanos, como lo es la dignidad humana y la no discriminación, se aleja del enfoque puramente de seguridad nacional y de control de fronteras. Asimismo, la iniciativa retoma las recomendaciones del Comité y del Relator Especial, así como los preceptos encontrados en la Convención, que busca proteger y garantizar los derechos de todas las personas migrantes. Por otra parte, a través de la creación del Instituto Guatemalteco de Migración, busca contar con una institución nacional que genere políticas públicas integrales en materia migratoria, atendiendo también a las recomendaciones de Naciones Unidas.
 
Otro aspecto fundamental de la iniciativa, y del cual se hablará a profundidad en otro foro, son los grupos que requieren de una protección especial. Estos incluyen a las niñas, niños y adolescentes no acompañados; asilados, refugiados y apátridas; y victimas de trata, entre otros. Asimismo, en un avance importante para el país, contempla la posible protección complementaria para aquellas personas que necesiten protección, pero no cumplan con los requisitos del asilo. De esta forma, se contribuye a la protección de personas vulnerables a posibles violaciones de sus derechos, como lo es la vida y la integridad física, por nombrar un ejemplo. En materia de niñez, cabe resaltar el énfasis que hace la iniciativa de ley sobre el principio del interés superior del niño, que debe interpretarse a la luz de los estándares internacionales.
 
Por lo que concierne la detención de personas migrantes en territorio guatemalteco, la iniciativa hace bien al referirse a estos centros como “Centros de protección” y no de privación de libertad, ya que su uso es para la detención administrativa de las personas migrantes, mientras se solventa su situación migratoria. Asimismo, la iniciativa de ley llama al uso de medidas alternativas a la detención cuando sean posibles. Cabe también resaltar, la importancia que le otorga la iniciativa de ley al derecho que tienen todas las personas al debido proceso. En este sentido, la ley establece las garantías de defensa, de recibir información previa sobre los motivos de la detención y sobre el proceso, asistencia consular, atención médica, así como de contar con los enseres necesarios para la higiene.
 
La Oficina espera que estos foros fomenten discusiones fructíferas que resulten en una iniciativa fortalecida. Reconoce los esfuerzos y el compromiso de la sociedad civil y de la Comisión de Migrantes del Congreso de la República al respecto, y reitera la disposición de continuar brindando apoyo y asistencia técnica para este fin.
 
Muchas gracias.